Los ediles del grupo municipal de IU, María José Pérez Salazar, Emilio Alvarado Pérez e Inés Rico Arévalo interpusieron recurso contencioso el pasado 18 de enero contra el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
Según explica su portavoz, María José Pérez, “lo que está sucediendo en esta legislatura es algo insólito. Jamás hubo antes que recurrir a la figura del Defensor del Pueblo, ni al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ni mucho menos, a los Tribunales porque un gobierno municipal nos negara el derecho a la información que tenemos reconocido por ley todas y todos los concejales de la Corporación”.
“El pasado 2 de noviembre se celebró una comisión de seguimiento para examinar el gasto de los festejos locales del año 2017. En ella pedimos conocer la cuantía de determinadas subvenciones y examinar una serie de facturas. La señora Martín, responsable del área, se comprometió a facilitarnos esa documentación. Al no obtener respuesta, el 15 de noviembre se lo volvimos a solicitar por escrito. En esa solicitud también hicimos constar la necesidad de conocer la relación contractual entre la empresa EMOTIONAL EVENT, organizadora del concierto de Raphael y el Ayuntamiento, petición que llevamos haciendo desde octubre. Sobre esto último, IU ha preguntado en reiteradas ocasiones sin ningún éxito: procedimiento y forma de adjudicación, aforo, distribución de entradas, presupuesto, financiación, constitución de garantías, derechos y obligaciones de las partes, posibles seguros, etc. Al no obtener respuesta, trasladamos la respectiva queja a la figura del Defensor del Pueblo, y como la señora Martín y el gobierno socialista del que forma parte no atendieron a nuestras advertencias, hemos decidido denunciar ante los tribunales porque no le vamos a consentir a estas señoras y señores que sigan vulnerando los derechos que constitucionalmente tenemos reconocidos como ciudadanos y ediles de la Corporación”, explica Pérez haciendo una cronología de los hechos.
Consideran los ediles de la formación de izquierdas, que con esta actitud del gobierno socialista se está vulnerando también el derecho a participar en los asuntos públicos de los ciudadanos por medio de sus representantes libremente elegidos en las elecciones, reconocido en el artículo 23 de la Constitución española, al privar a dicha parte del acceso a una información necesaria para el ejercicio de las funciones de control de fiscalización a los órganos de gobierno.
“Es absolutamente lamentable que haya sido necesario acudir a un Tribunal para conseguir el respeto a un derecho fundamental. Esperamos que de esta forma se cumplan los preceptos constitucionales y se respete la democracia en este Ayuntamiento, algo que no ha ocurrido hasta la fecha con este gobierno socialista”, finaliza la portavoz.