Las cuatro denuncias que el Partido Popular de Cabanillas del Campo ha presentado ante las posibles ilegalidades cometidas por José García Salinas en su gestión como alcalde de la localidad han sido admitidas a trámite por los Juzgados correspondientes. “Esto demuestra que no acudimos a justicia de una forma temeraria y electoralista, como quisieron hacer creer, sino que había y hay indicios de incumplimiento de la Ley en las actuaciones del señor Salinas”, dice el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Jaime Celada.
La última de ellas, admitida la pasada semana, ha sido la referente a los hechos que tuvieron lugar en marzo de 2017, cuando el alcalde socialista convirtió en personal laboral indefinido a los trabajadores de Suvicasa, hasta entonces fijos discontinuos. La Justicia ha advertido de esta manera que Salinas podría haberse saltado la obligación de realizar una oferta de empleo público para ocupar dichas plazas, no teniendo en cuenta conceptos como la igualdad, el mérito y la capacidad.
En diciembre del pasado año ya fueron admitidas las tres denuncias anteriores. En la primera, el alcalde socialista se enfrenta a un presunto delito de prevaricación, corresponde a los hechos ocurridos en julio de 2015, cuando éste contrató todas las comidas populares con una sola empresa. Por este servicio, recibió dos facturas con la misma fecha y números correlativos de 17.765 y 4.350,50 euros respectivamente, lo que supondría que juntas superarían los 18.000 euros, cifra límite para poder realizar una adjudicación directa. Esta actuación, que en su momento incluso recibió un reparo de Intervención, supondría haber realizado un fraccionamiento de contrato.
La segunda fue la denuncia que responde a la aprobación en Pleno Ordinario del 26 de septiembre de 2018 de la modificación de la Relación del Puestos de Trabajo (RPT) y la plantilla del Consistorio. El Grupo Popular denunció posibles ilegalidades como el incumplimiento de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y de la Ley General de Presupuestos en cuestiones como la tasa de reposición de efectivos, así como la no realización de la correspondiente modificación del Presupuesto, imprescindible para cualquier modificación de la plantilla del Ayuntamiento.
Y la tercera, la correspondiente a lo que sucedió en mayo de 2017, cuando Salinas habría contratado a una empresa para realizar trabajos propios de la actual contrata de limpieza y jardines. Intervención mostró también su reparo a la hora de efectuar ese pago, ya que se trataba de unos trabajos por los que ya se paga a la empresa concesionaria. Así, podría suponer un delito de duplicidad de contrato.
“Cuatro ocasiones en las que Salinas tendrá que verse ante un juez y aclarar qué hizo y por qué lo hizo, para que todos los cabanilleros podamos conocer cualquier resquicio de su gestión, como es nuestro derecho y su obligación” explica Celada.
Además, ha recordado que recientemente ha puesto una denuncia en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra el alcalde socialista, ya que lleva más de diez meses sin entregar nada de la documentación solicitada por el Grupo Popular en su labor de oposición. “Estas cuatro denuncias corresponden a cuestiones que hemos podido averiguar. ¿Qué más cosas habrá que no podemos conocer porque Salinas lleva casi un año entero impidiéndonoslo?”, se pregunta el edil.