Iberdrola pone en riesgo la Declaración del Valle del Río Ungría como paisaje protegido

En diciembre de 2017 la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medioambiente y Desarrollo Rural dio inicio al procedimiento de declaración del valle del Río Ungría como Paisaje Protegido, en cuya delimitación se incluye de manera íntegra todo el término de Caspueñas, y de forma parcial los términos de Muduex, Trijueque, Brihuega, Valdegrudas, Atanzón, Valdeavellano, Centenera, Lupiana y Guadalajara.

El valle del río Ungría y sus zonas de influencia poseen unos valores naturales contrastados, especialmente por sus componentes bióticos y paisajísticos. Esta declaración como Espacio Natural Protegido no solamente significa la protección de sus factores ambientales, sino también puede llegar a ser el eje vertebrador para el desarrollo sostenible de los pueblos que lo conforman.

A pesar de esta declaración, la compañía energética Iberdrola, mediante sus empresas satélites de captación de suelo (Ignis Desarrollo, Euder Energy, Vita Energy), ha iniciado los trámites para instalar en el municipio de Caspueñas una planta fotovoltaica que podría llegar a impactar hasta 600 ha de terreno, es decir, el 40 % del término municipal. La megaplanta se situaría justo en el corazón del espacio a proteger.

Ante el secretismo inicial de las empresas captadoras y de los propietarios de las parcelas interesados, son muchos los vecinos que ya se han alarmado ante la ejecución de este mega proyecto que, sin lugar a dudas, provocará un impacto muy negativo en todos los factores ambientales que componen este hermoso espacio natural.

Roturación de vegetación natural y encinas centenarias; eliminación de mojoneras, majanos y cabañas; retirada de la capa fértil de tierra con vastas explanaciones y compactación del terreno; y especialmente, un severo impacto paisajístico y visual; son, en definitiva, alteraciones irreversibles y completamente incompatibles con la declaración de Paisaje Protegido. A su vez, son acciones opuestas al modelo de desarrollo que la mayor parte de los municipios afectados y, en especial el Ayuntamiento de Caspueñas, vienen persiguiendo desde hace décadas, basado en la protección de sus valores ambientales, culturales y paisajísticos como sus principales recursos para un crecimiento sostenible.

Nuevamente nos encontramos ante un problema de índole supramunicipal derivado de la falta de un Plan de Ordenación del Territorio a nivel comarcal que, como mínimo, estableciera unas directrices básicas sobre los terrenos más propicios para que este tipo de instalaciones tan desproporcionadas ejercieran el menor impacto sobre el medio natural.

En ausencia de esta planificación, los criterios que se han utilizado en este caso no han sido ni técnicos ni, evidentemente, medioambientales. Solamente se han basado en la mayor o menor predisposición de los propietarios afectados a los que se les ha prometido unas suculentas rentas por el arrendamiento de sus tierras, y todo ello en base a unos precontratos con multitud de lagunas jurídicas.

En virtud de estos argumentos surgen preguntas cuando menos inquietantes: ¿Es que no existe otro territorio para ubicar una instalación de tan grandes proporciones que provoca notables impactos medioambientales salvo en un territorio que se pretende proteger? ¿Está justificado mitigar el cambio climático mediante energías renovables a cambio de acabar con los pocos espacios protegidos que aún se conservan? ¿Se puede perjudicar en mayor o menor medida el modelo de desarrollo de diez municipios por el interés económico de 30-40 propietarios? ¿Quién se plantea en estos tiempos construir pantanos para producir energía hidroeléctrica renovable? ¿Tanto poder tienen las empresas energéticas como para poder elegir la ubicación de estas megaplantas sin más criterio que las zonas que les proporcionan mayores beneficios económicos?

Los vecinos de estos municipios afectados no intentan, ni mucho menos, poner trabas al cambio de modelo energético ni está en contra de las energías renovables -quién podría estarlo-, solamente piden que se aplique el sentido común para no ubicar un proyecto de estas magnitudes en el que sería el único espacio protegido de la provincia de Guadalajara que alcanzara la declaración de Paisaje Protegido (Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza).

Ante esta incoherencia manifiesta solo queda esperar que las corporaciones municipales de los Ayuntamientos afectados, así como el Órgano Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha reaccionen y procedan, por un lado, a aplicar las diferentes normativas ambientales y de planeamiento del territorio en vigor y, por otro, a que tomen el control de aquellas decisiones de interés general que afectan a muchos ciudadanos, impidiendo que intereses particulares y puramente económicos condicionen el desarrollo de nuestros pueblos.