Miércoles 18 de diciembre de 2019
La Audiencia Provincial de Álava ha condenado al ex diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial Alfredo de Miguel a 13 años de prisión -aunque sólo cumplirá 9- y al pago de al menos 161.000 euros de multa por su participación en delitos ligados con la corrupción política al frente de una "asociación ilícita" que lideró mientras era el 'número dos' del PNV de Álava y ostentaba cargos públicos. La pena más alta la recibe como autor de un delito de asociación ilícita por el que es castigado a 3 años de prisión. Pero la catarata de penas de prisión contra De Miguel también se produce por su intervención en delitos de cohecho, de cooperador de malversación de fondos y tráfico de influencias en prácticamente las doce partes en las que se subdividió la investigación judicial de este caso.
El tribunal del 'caso de Miguel' ha aplicado como atenuante para determinar la cuantía de las penas la dilación indebida que se ha producido a lo largo de este largo caso que se inició con la denuncia de Ainhoa Alberdi en diciembre en 2009 y, diez años después, arroja la primera sentencia. Los jueces consideran probado que De Miguel participó en delitos de tráfico de influencias, de cohecho pasivo, de blanqueo de capitales y de asociación ilícita por los que va a cumplir 9 años de cárcel al aplicarse el criterio de que la condena es el triple de la máxima condena de tres años que se le ha castigado por ser el 'cerebro' del grupo en el que se integraban también a dos mujeres de los máximo imputados.
También han sido condenados con penas que les llevará a la cárcel a Xabier Sánchez Robles con penas que suman 7 años de cárcel, a Josu Montes con 3 años y 4 meses e Iñaki San Juan con 5 años por varios delitos vinculados con la corrupción. El tribunal ha absuelto a once de los encausados entre ellos a Aintzane De Miguel que ejerció de secretaria en la mercantil Kataia Consulting.
Los socios de De Miguel también irán a prisión con penas para Aitor Telleria de 6 años y 9 meses y de otros 6 años para Koldo Ochandiano. En el caso de las mujeres de los máximos imputados, también han sido condenadas Ainhoa Bilbao, mujer de De Miguel, a 1 año y 6 meses de cárcel mientras que Iratxe Gaztelu-Urrutia, esposa de Ochandiano, también ha sido penada con 1 año y 6 meses. Las penas de ambas se sostienen en delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Sin embargo, ha sido absuelta Araceli Bajo, la mujer de Aitor Tellería, pese a que ella también aparecía como administradora de la mercantil Kataia Consulting.
La lectura del fallo se ha iniciado a las 10.18 horas y ha despertado una enorme expectación mediática con más de medio centenar de medios de comunicación.
ñigo Urkullu fue nombrado presidente del PNV en diciembre de 2007 y dos años y tres meses después afrontó desde su despacho en Ajuria Enea la crisis abierta en su partido por la detención el 17 de marzo de 2010 de Alfredo Txitxo De Miguel, Aitor Telleria, Koldo Ochandiano, Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo, Iratxe Gaztelu-Urrutia, Alfonso Arrila y Jon Iñaki Etxaburu. Su arresto, interrogatorio y los registros llevados a cabo por la Ertzaintza a las órdenes del juez instructor Roberto Ramos afloraron un entramado de relaciones políticas, personales y económicas que tenían como hilo conductor la capacidad de influencia de quien era formalmente el número dos del PNV en Álava. Las investigaciones se iniciaron el 2 de diciembre de 2009 a partir de la denuncia formulada ante el fiscal jefe de Álava Josu Izaguirre por la abogada y ex socia de Etxaburu Ainhoa Alberdi. Alberdi describió, avalada por grabaciones y correos electrónicos, la presión que estaba sufriendo por parte de De Miguel y Tellería para pagar 100.000 euros de comisión ilegal por la adjudicación de un contrato para facilitar la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano.
La denuncia de Alberdi y la investigación liderada por Ramos e Izaguirre destapó la existencia de mercantiles instrumentales impulsadas por De Miguel y sus socios que aprovechaban cualquier oportunidad para obtener comisiones al intermediar en la adjudicación de contratos públicos y promover el desarrollo de un polígono logístico en el municipio de Zambrana. Como describe Iker Rioja en su trabajo de investigación El padrino. Anatomía del 'caso De Miguel', el ex diputado foral de Administración Pública de Álava utilizó su condición de cargo público y de dirigente del PNVpara intervenir en todo tipo de contratos públicos además de controlar hasta los nombramientos de secretarios judiciales de municipios de Álava.
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