CSIF critica la improvisación del gobierno regional del socialista Page en el fin de los descuentos por baja médica

El Sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha critica la improvisación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el fin de las penalizaciones económicas por incapacidad temporal de los empleados públicos, ya que no ha comunicado con suficiente antelación la nueva regulación normativa a los trabajadores dependientes de la Administración regional, lo que ha generado una enorme confusión, y además obliga a acreditar una justificación médica o parte de baja desde el primer día, lo que puede producir un colapso en los centros sanitarios.

Para CSIF, la necesidad de acreditar la baja laboral o justificante médico puede ocasionar saturación en los servicios médicos, además de que es una práctica poco operativa si no se obtienen citas médicas desde el momento en el que el empleado público padece los síntomas de una enfermedad. De momento está causando desconcierto e incertidumbre entre los trabajadores ante la imposibilidad muchas veces de obtener cita en el centro de salud con la inmediatez que pide la instrucción. No en vano, los docentes, hasta ahora, podían presentar una declaración responsable el primer día de ausencia en lo que se conoce como ‘griposos’: cuatro días de ausencia al año por enfermedad o accidente laboral que no conllevaban penalización económica y que ahora han sido eliminados por la ley 11/2019.

La entrada en vigor de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de medidas administrativas y tributarias de Castilla-La Mancha, aplicable desde el 1 de enero, ya no provoca descuentos en la nómina por ausencia al trabajo por enfermedad o accidente que dé lugar a una situación de incapacidad temporal. Castilla-La Mancha ha sido la última comunidad autónoma en derogar una medida que desde 2012 suponía una pérdida en la nómina del 50% durante los tres primeros días de baja por contingencia común y del 25% entre el cuarto y vigésimo día de baja (el descuento salarial concluye a partir del vigésimo primer día) a los empleados públicos dependientes de la Administración regional.

Otros aspectos. Precisamente en esta Ley 11/2019 también se fija la consolidación de grados del personal funcionario que pase a desempeñar “servicios especiales” en la Administración regional. CSIF sigue esperando a que la Junta de Comunidades haga público el coste económico de esta medida, ya que los altos cargos nombrados por la Junta de Comunidades mantendrán los máximos beneficios una vez cesen de sus responsabilidades, lo que supondrá un agravio comparativo hacia el resto de empleados públicos en el desempeño de las mismas funciones.