REDACCION | Martes 04 de febrero de 2020
Miles de agricultores y ganaderos de toda Castilla-La Mancha y medio centenar de tractores han recorrido las calles de Toledo este martes para clamar por una ley que garantice precios justos para los productos agroalimentarios que no estén por debajo de los costes de producción.
Durante más de dos horas y media, los manifestantes -convocados por Asaja, UPA y COAG- han gritado consignas como 'El campo unido jamás será vencido' o 'El campo no se rinde' para acabar la movilización en la céntrica plaza de Zocodover de la capital castellano-manchega con los discursos de los líderes de las organizaciones.
Arropados por diputados nacionales, regionales y dirigentes de varios partidos políticos como PP, Ciudadanos y Vox, los agricultores han pedido "respeto" y una solución a la crisis del sector primario así como acabar con la competencia desleal.
Pedro Barato, ha advertido de que los mensajes del ministro de Agricultura, Luis Planas, no pueden quedarse en palabras sino que se tienen que "plasmar en realidad".
Barato ha agradecido la movilización de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha para "pedir lo que en justicia nos corresponde" y ha enumerado algunas de las reivindicaciones que ha llevado al sector a salir a la calle en toda España.
Así, ha reclamado que el "punto de partida" de la negociación de las organizaciones agrarias con el Ejecutivo central sea que los precios se calculen como mínimo con los costes de producción y que la Política Agraria Común (PAC) sea también "como mínimo como la que tenemos ahora".
Con respecto a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), Barato ha dicho que los trabajadores del campo tienen que tener un salario "digno" pero ha puesto el acento en que también hay muchos autónomos que "tienen que ganar lo suficiente como para poder pagar".
Por ello, ha reiterado que si el Gobierno socialcomunista de Pedro Iglesias y Pablo Iglesias aprueba la subida del SMI, también puede aprobar "un decreto ley para que no se puedan vender los productos agrarios por debajo de los costes de producción".
Asimismo, ha subrayado que los agricultores tienen que tener "el agua suficiente para tener futuro" y que los gobiernos tienen que dar ayudas al olivar tradicional, al tiempo que ha denunciado el "ataque" a los agricultores por parte de "animalistas y no animalistas", y en este sentido ha asegurado que los agricultores y ganaderos son "los guardianes del medio ambiente".
"El campo está preparado para ir a Madrid y el único que lo puede evitar es el presidente del Gobierno si nos da lo que pedimos", ha sentenciado.
En la misma línea, el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha celebrado el "éxito" de la movilización en Toledo y ha manifestado que "si se llena de campo la calle es porque seguro que llevamos razón".
Según Morcillo, los agricultores están ya "hartos y al límite", tal y como reza el lema de la manifestación, pero ha alertado de que sin sector primario "ni hay actividad económica ni pueblos abiertos ni podemos seguir viviendo en nuestros territorios".
A este respecto, ha reiterado que lo que quieren los agricultores es una "ley justa" y hablar de precios pero "lo que no queremos es más hipocresía", ha resaltado.
Por su parte, el secretario regional de COAG, Ángel Gálvez, ha apelado a la unidad nacional del sector para la defensa de los derechos de los agricultores que -ha lamentado- tienen que "soportar una competencia desleal", a la misma vez que ha pedido apoyo de los gobernantes para cambiar esta situación.
Ricardo Serra (Asaja): “La situación del campo es crítica”.-
Las organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de la provincia de Sevilla han convocado un paro agrario y una jornada de tractoradas y protestas el próximo 25 de febrero en defensa del futuro del campo para denunciar la situación por la que pasa el sector.
Denuncian que los bajos precios en origen afectan cada vez más a los cultivos y que los costes de producción se disparan. En el último año, la renta agraria ha caído un 9 por ciento, una situación a la que el sector suma también otras dificultades externas como los aranceles de Estados Unidos, el Brexit o el veto ruso. Además, alertan de los problemas que puede suponer la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
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