COMUNICADO.-
El pasado 18 de febrero se presentó la demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Afecta a todas las instituciones dependientes y que sean parte de la Junta. Ha sido coordinada por la Plataforma de Interinos de Castilla-La Mancha y costeada con el esfuerzo colectivo de cientos de trabajadores/as públicos de Castilla-La Mancha, mediante un sistema de “crowdfunding”, que consiguió su objetivo en pocas semanas. La impugnación cuenta con la coordinación y aportación económica de varias asociaciones y sindicatos de trabajadores/as del sector público: la Plataforma de Interinos de Castilla-La Mancha, el sindicato Solidaridad Obrera SESCAM y la Asociación de Profesionales de Informática Sanitaria de Castilla-La Mancha (APRISCAM).
El motivo que ha llevado a estos trabajadores/as a denunciar la OPE, como ocurrió con la anterior convocatoria, es claro: no perder su puesto de trabajo e irse al paro tras décadas con uno o varios contratos temporales. Este abuso de la temporalidad es continuado y masivo en todas las Administraciones Públicas, además de ser consciente y conocido por las mismas. Tras décadas de recortes y sin Ofertas de Empleo, se ha mantenido a miles de trabajadores/as con uno o varios contratos temporales, aprovechándose así de las obvias ventajas que le supone a la Administración en detrimento de los derechos de esas personas, el más claro el no tener un contrato fijo, por lo que ahora se ven abocados al despido en un momento de su vida profesional y personal avanzado (edad, familia, personas dependientes...). Esperamos pronta resolución para evitar esta incertidumbre.
Aunque es algo poco conocido por la opinión pública, la temporalidad en el empleo público, más de 800.000 trabajadores/as en España, es desmesurada y supera a la del sector privado. En Castilla-La Mancha hay unos 20.000 trabajadores/as temporales en los servicios públicos (uno de cada cuatro). Todos ellos accedieron a su puesto mediante criterios de igualdad, mérito y capacidad y han demostrado, por la propia naturaleza de una relación laboral tan extensa, su total derecho a su puesto de trabajo fijo tras lustros y décadas de diligente dedicación a los servicios públicos: sanidad, educación, ayuntamientos, administraciones… La experiencia real de procesos en esta misma situación nos muestra cómo la mayor parte de los afectados pierden su puesto de trabajo y se van al paro sin nada, por lo que describimos esta dañina y extrema realidad como un ERE encubierto: estabilizará plazas, pero no a las personas. Además queremos hacer constar la perspectiva de género de este problema: la mayor parte da la plantilla la conforman mujeres (un 70% en sanidad y educación).
No han dejado otra opción a los trabajadores/as que demandar para intentar parar un proceso que les costará su empleo. En las distintas Administraciones se ha trasmitido esta problemática y se han propuesto alternativas, pero no se ha querido escuchar, por lo que nos hemos visto obligados a defender nuestro empleo en los juzgados. Con el objetivo claro de que nadie se vaya al paro, se ha propuesto esperar a la inminente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del próximo 19 de marzo, que incluso ya ha emitido un informe en el que aclara que la convocatoria de OPEs no es la solución y ya ha criticado en repetidas ocasiones este abuso masivo de la temporalidad en el sector público. Es posible que muy pronto cambie la actual jurisprudencia. Además, ya hay demandas con sentencia favorable a los trabajadores, también en Castilla-La Mancha, donde se reconoce el abuso de temporalidad y fraude de ley. Queremos evitar la judicialización del conflicto, por el bien de los afectados, de la Administración y de los servicios públicos. Por eso, pedimos la fijeza en nuestro empleo: no tiene coste, pues los salarios llevan ya décadas en los presupuestos, evitará plausibles costes en indemnizaciones y paro y además evitará la problemática expulsión de un gran número de personal experimentado de los servicios públicos.
Queremos además difundir a la ciudadanía que, en contra de los reiterados y ostentosos anuncios en medios de comunicación de algunos políticos y sindicatos, estas ofertas NO generan empleo: son las plazas de los miles de trabajadores/as que te atienden en un hospital o educan a tus hijos/as y lo llevan haciendo décadas. Por tanto, hemos instado e instamos a la creación de nuevas plazas, recuperando los recortes de plantilla y aumentando la calidad de los servicios públicos. Existe margen presupuestario para ello y es justo y necesario. De esta forma, no se afectaría al justo de derecho de acceso de nuevos (y necesarios) trabajadores/as en el sector público. Esperamos que la ciudadanía comprenda que este no es un conflicto entre trabajadores, aunque querrán enfrentarnos para olvidar que justamente los culpables son quienes han permitido este sistema de temporalidad abusiva.