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El Gobierno y la CNMC deben vigilar la comercialización de las Línea ICO COVID-19

REDACCION | Viernes 03 de abril de 2020
Por fin se ponen en marcha las líneas ICO COVID-19 y es el momento en que las Entidades Financieras deben mostrar su apoyo real a las PYMES y Autónomos.

Sería lamentable que se haga uso de una situación tan difícil para el entramado productivo del país, como es el que actualmente estamos sufriendo, como para que las Entidades Financieras que reciben las inyecciones de liquidez desde el BCE, aprovechen la ocasión para elevar de un modo abusivo los tipos de interés de las Líneas ICO COVID-19 y aprovechen para implantar el “derecho de pernada” de adquisición forzosa de productos paralelos a la contratación de estos préstamos balsa para muchos emprendedores.

Las Pymes y autónomos que acuden a esta financiación es principalmente, para poder mantener sus negocios y por lo tanto el tejido productivo del país. Si se fuerza la máquina y se ahoga a nuestro motor productivo, el efecto será que gripará y no habrá forma de ponerlo en marcha.

Esta medida forma parte del plan excepcional del Gobierno de España para el ámbito económico con el fin de mitigar el impacto por el COVID-19.

Tal y como ha señalado el presidente del Gobierno hoy, con el fin de proteger a los consumidores ante posibles abusos y alzas de precios, el Ministerio de Consumo asume la tarea de investigarlo, para lo que ha solicitado a la CNMC su colaboración.

Ante las primeras denuncias de posibles abusos por parte de algunas entidades bancarias imponiendo la contratación de otros productos o la refinanciación de préstamos anteriores por lo que la Plataforma Pymes urge al Gobierno, al Ministerio de Consumo, a la CNMC y al Consejo de Consumidores y Usuarios a que pongan especial vigilancia en las condiciones que desde las Entidades Financieras se trasladen a las pymes y autónomos en la formalización de estas líneas de ayuda, al igual que instamos a que cualquier situación de abuso de posición de dominio que pueda darse, sea denunciada ante las autoridades competentes. Es necesario una defensa de las pymes y autónomos como consumidores y como motor del país.

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