REDACCION | Martes 07 de abril de 2020
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) celebra que el Gobierno haya comenzado, por fin, a ofrecer ruedas de prensa con preguntas en directo, por videoconferencia, una decisión que refuerza el libre ejercicio del periodismo y el derecho de información de los ciudadanos.
El nuevo sistema de ruedas de prensa comenzó a aplicarse este lunes con los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y Transportes, José Luis Ábalos. Periodistas de once medios preguntaron por videoconferencia, una posibilidad cerrada hasta hoy. Con el anterior sistema, era el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, el que leía las preguntas que los periodistas tenían que enviar a Moncloa previamente.
En una iniciativa conjunta, la FAPE y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) llevaban desde marzo haciendo gestiones con Oliver para reclamar al Gobierno que cambiara el modelo de las preguntas filtradas por uno abierto a la intervención de los periodistas en directo mediante videoconferencia. En línea con esta demanda, ambas organizaciones propusieron una fórmula que, finalmente, fue la elegida por la SEC con otros elementos complementarios.
El hecho de que el nuevo modelo haya comenzado hoy sin problemas, salvo algunos técnicos, es una buena noticia para los periodistas, aunque en opinión de la FAPE pudo haberse puesto en marcha desde el principio.
La obligatoria rendición de cuentas de las actividades y decisiones de los gobiernos, a través de los periodistas, debe hacerse con ruedas de prensa abiertas a preguntas y repreguntas en directo para que los ciudadanos estén plenamente informados y puedan sobrellevar la crisis de la mejor manera posible.
En las situaciones de crisis, los ciudadanos necesitan recibir la máxima información veraz y completa posible de las autoridades para que desechen las especulaciones y conjeturas gratuitas que solo buscan crear alarma u ofrecer falsas soluciones milagrosas.
Los periodistas y los responsables de los medios también deben asumir un papel fundamental para garantizar el derecho de información de los ciudadanos mediante noticias veraces, verificadas y contrastadas, condiciones que si se cumplen son la mejor arma para luchar contra las mentiras y bulos que circulan por las redes, promovidas incluso por políticos sin escrúpulos.
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