A continuación se reproduce por su relevancia, actualidad e interés el editorial que publica el diario ABC este Jueves Santo en relación a la polémica creada por datos de fallecimientos por coronavirus que está facilitando el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.-
Una de las realidades más desconcertantes del coronavirus en España es la asimilación de que han fallecido muchas más personas, la inmensa mayoría de ellos ancianos, personas dependientes y discapacitadas, de las que indican las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad. Ayer, la Comunidad de Madrid reconoció que más de 4.200 personas han podido morir en residencias, aunque objetivamente solo ha sido posible diagnosticar a poco más de 700 por la grave carencia de test. Y hace solo unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha abrió una investigación porque las cifras oficiales de muertes no cuadran. Desgraciadamente, en esa autonomía se triplica la tasa de mortalidad habitual en años anteriores. Es una tragedia humana, y es razonable sostener que el sistema no estaba preparado para incrementar drásticamente el número de autopsias factibles, ni para asumir esta avalancha de fatales desenlaces. Sin embargo, pasan los días y el Gobierno de Pedro Sánchez se muestra incapaz de presentar una estadística mínimamente fiable.
En ninguna comunidad cuadran los datos oficiosos de muertes por coronavirus con las cifras del Gobierno, y eso no es solo un problema estadístico para reseñar el mapa real de la afectación de la enfermedad en España: es una cuestión de empatía con las miles de familias que ni siquiera pueden despedir a sus seres queridos con un mínimo de dignidad. Si existe un mando único, lo lógico es centralizar esta macabra estadística. Dada la gravedad del problema, sería escandaloso descubrir que el Gobierno ha querido minimizar las cifras por tacticismo político. En esta crisis podrán cometerse todavía muchas negligencias, pero con el recuento real de personas fallecidas el Ejecutivo de Sánchez no tiene derecho a fallar.