Miércoles 06 de mayo de 2020
El Tribunal Constitucional revisará la legalidad de la declaración del estado de alarma al admitir a trámite el recurso de Vox contra el real decreto y las tres prórrogas posteriores para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. En concreto, se revisarán los artículos 7, 9, 10 y 11 del real decreto de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, los reales decretos que aprueban sus sucesivas prórrogas, así como la orden del Ministerio de Sanidad por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por la COVID-19.
En su primer pleno no presencial de la historia, los magistrados han acordado en una providencia la admisión del recurso al cumplir con todos los requisitos formales, lo que no implica por el momento ningún pronunciamiento, solo abre su recorrido en el tribunal. Los magistrados han dictado una providencia en la que ordenan dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse y formular las alegaciones que estimen convenientes.
Se trata de un asunto de gran calado jurídico y de amplía repercusión política, toda vez que el recurso a analizar en los próximos meses, cuya ponencia ha correspondido a Fernando Valdés, será contra todo el decreto del estado de alarma en su conjunto. El Constitucional abre la vía después de que el Supremo dejara claro en una reciente resolución su falta de jurisdicción para abordar una cuestión que es competencia del Tribunal de Garantías.
Con su recurso, Vox quiere que se determine si las acciones del Gobierno constituyen "una flagrante violación" de la Constitución al utilizar de forma "abusiva e injustificada" el estado de alarma y vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos. Su portavoz, Jorge Buxadé, argumentó que el estado de alarma únicamente permite limitar la libre circulación de personas y subrayó que, si el Gobierno pretendía suspender derechos fundamentales, "como ha hecho", debería haber optado por el estado de excepción y pedir autorización al Congreso desde el primer momento.
Entre los derechos supuestamente vulnerados figuran los de reunión, manifestación y educación, según Vox, para quien "el Gobierno ha hecho a través del estado de alarma lo que tenía que haber hecho a través del estado de excepción". Además, el tribunal ha admitido también por unanimidad los recursos presentados por más de 50 senadores del PP y más de 50 diputados de Vox contra el decreto que permite al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, formar parte de la comisión del CNI. Se trata de la disposición que figura en el decreto del estado de alarma en la que se incluye a Iglesias en la comisión que evalúa los servicios de inteligencia, en cuyas reuniones participa desde febrero.
El líder del PP, Pablo Casado, señaló que no le parecía "decoroso" incluir en el real decreto una cuestión "tan sensible" como la "reivindicación" de Iglesias para garantizar su presencia en la comisión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), mientras que Vox lo ve como un "truco" utilizado por el Ejecutivo para "blindar" a Iglesias en dicha comisión. Como sucede con el otro recurso, el TC da traslado a las cámaras y al Ejecutivo para que formulen sus alegaciones y se personen.
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