REDACCION | Jueves 04 de junio de 2020
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valora la sentencia conocida hoy que señala la responsabilidad del Gobierno de Aragón por no haber protegido al personal de la Sanidad en la crisis del COVID-19.
A la espera de conocer con detalle el contenido de la sentencia, CSIF espera que la Fiscalía del Tribunal Supremo tenga en cuenta los argumentos jurídicos planteados por el juzgado de Teruel. Para el sindicato se trata de una buena noticia porque por fin desde los tribunales se empieza a reconocer la responsabilidad de las administraciones en la falta de protección de las personas que estuvieron en primera línea contra el coronavirus.
En este sentido, CSIF recuerda que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) elevaba a finales de abril a la Fiscalía del Tribunal Supremo la denuncia presentada por el 27 de marzo por la falta de protección de los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para evitar el contagio de coronavirus.
Asimismo, CSIF también presentó una querella contra el ministro de Sanidad, como máxima autoridad sanitaria, al considerar que la falta de acopio de material de protección (mascarillas, guantes, batas, etcétera) y la posterior distribución de material en malas condiciones (mascarillas ‘fake’) suponen la vulneración de los derechos a la protección de los trabajadores (artículos 316 y 317 del Código Penal) y en consecuencia los presuntos delitos de homicidio y lesión imprudente.
Coincidiendo con esta noticia, CSIF ha reclamado de nuevo a los grupos parlamentarios que reconozcan el contagio por COVID 19 como accidente de trabajo para el conjunto de las personas trabajadoras. Hasta el momento, el decreto aprobado por el Gobierno solo lo contempla para el personal de la sanidad y sociosanitario.
Noticias relacionadas