REDACCION | Viernes 12 de junio de 2020
El Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara ha presentado una moción que defenderá en el próximo pleno de la Institución Provincial, del 18 de junio, en la que propone que la Administración Provincial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sufraguen los gastos asociados al segundo Dividendo Digital en los municipios y EATIM de la provincia de Guadalajara. El diputado provincial, Alberto Domínguez, ha apuntado que el objetivo de esta iniciativa “es compensar económicamente a aquellos ayuntamientos que ya hayan abonado la cantidad que se les exigía y que Diputación y JCCM lo asuman directamente para aquellos que aún lo tengan pendiente de ingresar”.
Domínguez ha señalado que, para que esta iniciativa sea viable económicamente, también plantean en su moción que la Diputación Provincial de Guadalajara lleve a cabo la modificación presupuestaria correspondiente con cargo al remanente de tesorería para gastos generales de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2019 para afrontar dichos costes.
El diputado provincial ha explicado que los ayuntamientos de la provincia han venido recibiendo desde principios de marzo de este año cartas de Telecom Castilla-La Mancha en las que se les informaba que, para dar cumplimiento a la legislación, se debían acometer en los repetidores de sus localidades trabajos para liberar determinados canales radioeléctricos antes del 30 de junio de este año. Esta operadora, que tiene un 45% de su capital con fondos públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, “ofrece, además, en esta carta sus servicios, remitiendo a los ayuntamientos la hoja de encargo de los trabajos a realizar por un importe que se mueve en el entorno de los 1.200 euros por cada equipo”.
Este hecho afecta a multitud de localidades en nuestra provincia, “la mayoría de ellas con escasa capacidad económica, y que ya pagan entre 300 y 500 euros trimestrales por el mantenimiento de las antenas, como ya se acordó con el paso de la televisión analógica a la digital en el año 2009”, ha detallado Domínguez. De hecho, ha precisado, fue en ese momento cuando la Administración regional firmó un acuerdo con Telecom para la extensión de la cobertura de la TDT en todos los núcleos de población y realizó las inversiones necesarias para la instalación de centros emisores en las localidades de menor población, asumiendo los costes de los trabajos que se realizaron.
Ahora, con los trabajos de cambio de canales asociados al segundo dividendo digital todo el peso de las actuaciones recae sobre los ayuntamientos “lo que supone para la práctica totalidad de los mismos un gasto sobrevenido realmente difícil de asumir y que en ocasiones se complica porque la antena que es propiedad de un municipio da servicio también a otros núcleos de población próximos y que agravaría la situación de desigualdad para un ayuntamiento si este ha de sufragar la totalidad de los gastos generados por la actualización de las frecuencias, además del mantenimiento trimestral que ya viene costeando”.
Desde el Grupo Popular entendemos que se trata de una situación gravosa para los ayuntamientos de nuestra provincia y “creemos que sería una cuestión lógica que fuese una administración superior y con mayores recursos la que asumiese los costes derivados de la implantación del segundo dividendo digital”, que afecta a la totalidad de la provincia y el resto de la Comunidad Autónoma.
Por ello, “planteamos que sea la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quien además ostenta el mayor porcentaje de capital social de Telecom Castilla-La Mancha, y la Diputación Provincial de Guadalajara, en su labor prioritaria de asistencia y cooperación para con los municipios de menor capacidad que se encuentran en su ámbito territorial, quienes deberían sufragar el coste de estos trabajos, en beneficio de los municipios y entidades locales menores de la provincia de Guadalajara”, ha concluido Domínguez.
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