REDACCION | Miércoles 17 de junio de 2020
El juzgado y la fiscalía coinciden en acreditar la existencia de una trama criminal en la que estarían involucradas 18 personas fisicas y tres jurídicas. Entre las físicas, seis altos cargos de la administración de Castilla-La Mancha, dos de ellos en ejercicio todavía, un ex alcalde de la localidad y los 11 titulares y gestores de las tres empresas vinculadas a la planta y a la gestión de sus residuos.
Apuntan también a que el incendio fue intencionado y derivó en unos daños medioambientales y para la salud pública en un amplio perímetro de la instalación. Ardieron sin control alrededor de 20.000 toneladas de residuos peligrosos. Esto residuos generaron una inmensa pluma de contaminación atmosférica que obligó a recomendar el confinamiento de la población sensible cercana, vertidos al río Henares con consecuencias para sus aguas y su fauna piscícola, así como la contaminación de miles de toneladas de tierra.
El escrito del juzgado pone de manifiesto cómo las empresas Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina son responsables de la gestión ilegal de más de 50.000 toneladas de residuos peligrosos para lucrarse con ello. Esta actividad ilícita se inicia al menos en 2006 y se lleva a cabo ante la inacción, cuando no connivencia, de quienes debieran vigilar tales ilegalidades y los riesgos derivados para el medio ambiente.
Por esos motivos se imputan diversos delitos por los que solicitan graves penas de hasta tres años de cárcel y 13 de inhabilitación a altos cargos de la administración regional. Desde el entonces Viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González, hasta los tres directores generales, dos de Gobiernos del PSOE y una del PP, y los dos jefes de servicio que siguen hoy en sus funciones en la Consejería de Desarrollo Sostenible, José María Michelena y Olga Villegas.
La investigación y el auto del juzgado sobre el incendio de Chiloeches ponen de manifiesto un sistema de control ambiental, de autorizaciones y vigilancia ambiental del gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha corrupto e irresponsable. Un sistema que no se ha depurado en absoluto. No se han renovado los cuadros técnicos, ni las estructuras de toma de decisiones. Al contrario, se han reforzado, provocando la pérdida de credibilidad de la administración castellano-manchega gobierne quien gobierne. También pone de relieve que el dinero que genera la ilegal gestión de residuos es un motor suficiente para que la inacción y connivencia den lugar a situaciones como las que desembocaron en el catastrófico incendio.
Frente a todo esto, y para aparentar una mayor acción política para controlar los residuos, el gobierno de Emiliano García-Page impulsó la reciente aprobación de las leyes de economía circular y la de evaluación ambiental, dos normativas desfasadas puestas en práctica por una administración corrompida.
Lo mismo cabe señalar de las iniciativas en la materia a nivel estatal. La ley estatal de residuos que ha iniciado su tramitación no solo es poco ambiciosa, sino que no cuenta con los medios para hacerla cumplir. El negocio de los residuos y de la economía circular mal entendida es demasiado grande y poderoso.
Ecologistas en Acción considera que ya se debían haber tomado decisiones antes de este auto judicial, pero con más razón deben tomarse ahora.
Por ello exige que de forma inmediata se proceda a:
– Cesar de forma inmediata a quienes están acusados y siguen ejerciendo puestos de relevancia en la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha.
– Revisar en profundidad y cambiar la estructura y composición de la actual Viceconsejería de Medio Ambiente.
– Establecer mecanismos de auditoría interna y externa con participación pública en la toma de decisiones en materia de residuos y de evaluación ambiental.
– Impulsar profundos cambios en la normativa de residuos estatal y autonómica que impidan el negocio especulativo del residuo, responsabilizando al productor y al gestor como indica el nuevo borrador de la ley estatal.
– Apostar por la generación cero de residuos y la imposición de tasas verdaderamente desincentivadoras que estimulen su reducción y eviten el vertido y la valorización mediante incineración.
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