Miércoles 24 de junio de 2020
Una querella presentada por el profesor Jorge Urosa Sánchez ha llevado al titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles a ver hechos constitutivos de delito.
En concreto, este querellante les acusa de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y de falsedad de documento público.
El juez ha admitido a trámite la querella. A través de un auto del pasado 9 de junio en el que se afirma que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de Prevaricación administrativa”.
El escrito del juez continúa hablando de “un presunto delito de malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y prevaricación imputados a Javier Ramos López [rector de la URJC], y Luis Mediero Oslé [Gerente General de la Universidad]”.
Por ello, dice el auto judicial, “cítese para prestar declaración en calidad de investigados” el próximo 1 de octubre, afirma el auto del juez instructor.
Jorge Urosa era hasta hace un año y medio el director del Centro Integral de Formación Permanente (CIFP) de la URJC, entidad que tenía como misión atraer el mundo de la empresa a la universidad, comunicar ambas realidades con el fin de mejorar la preparación del alumnado. El centro gozaba de éxito y prestigio y estaba consiguiendo facturar casi dos millones de euros anuales en formación contínua.
Por motivos que más adelante desentrañamos, el Rector Ramos quería cesar a Urosa de su puesto directivo. Deseaba controlar el CIFP y evitar la incorporación de nuevos títulos propios. El Rector afirmaba que la URJC se encontraba en riesgo reputacional, sobre todo después de las noticias conocidas a partir del lío de máster de Cifuentes que atrajo la lupa de políticos y medios de comunicación.
La universidad que dirige Javier Ramos, da un paso más en su empeño de descabezar el CIFP y convoca un concurso para encargar una auditoría forense, sin acuerdo previo expreso del Consejo Social, y lo gana la empresa Grant Thornton SLP por un importe de 261.791,97 euros.
La auditoría pretendía examinar la información financiera y contable de la gestión de Urosa al frente del centro que dirigía, analizar los recursos y obligaciones, velar -supuestamente- por la precisión y consistencia en los registros financieros.
Dicho estudio en ningún caso concluyó que hubiera delitos en la gestión de su director. El rector Ramos, no satisfecho con la respuesta, quiso encargar un nuevo informe al despacho externo de abogados de la URJC. Pero no llegaron a analizar nada. Por el nerviosismo de una posible moción de censura promovida por los alumnos, tan contrariado estaba el Rector que decidió contratar, desde la universidad, al bufete de abogados Baker & Mckenzie para lo que parecer ser conseguir un informe que respaldara la decisión de cesar al director Urosa. Se trata de un servicio externo a través de un contrato menor por 964 euros menos del máximo que permite la ley, 17.036,80 euros.
Pero Javier Ramos parece precipitarse, y ficha al despacho de abogados antes de iniciar el expediente de contratación. Parece ser que el contrato con el bufete se realiza en julio -lo dijo el propio Rector por aquellas fechas en algunos medios de comunicación- aunque el expediente de contratación se monta dos meses después. Sería una presunta falsificación del procedimiento administrativo requerido, apreciando indicios de presunta manipulación del expediente de contratación para dárselo a alguien que ya estaba contratado previamente.
El Rector entonces argumenta que la auditoría “ha encontrado incumplimientos de normativa y minoración de controles, así como desajustes contables que han podido causar perjuicios económicos a nuestra Universidad”, y anuncia que cerrará el Centro Integral de Formación Permanente, lo que le sirve de excusa para cesar a Urosa. Lo cierto es que, a día de hoy, el CIFP no ha cerrado.
A continuación el Rector abre un expediente sancionador a Urosa acusándole de haber realizado cursos muy largos, que deberían haber sido títulos propios. No obstante, la realidad es que los cursos eran autorizados por el mismo Rector a través de convenios con empresas que firmaba la máxima autoridad universitaria.
En la presentación de la querella de Urosa se afirma que “a sabiendas de que existía una auditoría con la obligación de tipificar los posibles delitos, a sabiendas de que se tenía contratado un despacho de abogados cuya labor era el asesoramiento y litigación en el orden penal por valor de 120.000 euros se continuó con la contratación de un contrato menor que en realidad ya se había encargado y realizado, es decir que habiéndose gastado más de 380.000 euros para realizar la función de tipificar los hechos y las actividades del CIFP, el Rector y el Gerente General deciden volver a disponer de fondos públicos para justificar una nueva contratación contra los informes de la intervención general de la URJC”.
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