REDACCION | Martes 16 de febrero de 2021
El Supremo ha rechazado reabrir una querella del PCE, IU, el Foro de Abogadas y Abogadas de Izquierdas (FAIRADE) y la entidad independentista Omnium Cultural contra el rey emérito y otras personas por 13 supuestos delitos derivados de una conversación entre Corinna Larsen y el excomisario José Villarejo, que había sido archivada en 2019.
Tal y como planteó la Fiscalía, el Supremo se niega acumular esta nueva querella a la archivada en 2018 "por la identidad sustancial de los hechos denunciados" contra Juan Carlos I por delitos relacionados con el presunto cobro de comisiones ilegales y con cantidades no declaradas a Hacienda.
En su auto, la Sala Segunda del Tribunal Supremo destaca que las querellas reproducen básicamente informaciones de prensa, y argumenta que para abrir una causa penal se precisa "algo más", ya que "con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal".
"Los juicios de valor de quien pretende ejercer la acción popular no convierten la noticia en delito", advierten.
Las nuevas querellas, señala el auto, se apoyan en informaciones acerca de la apertura en 2020 de una investigación "inicialmente archivada" en el Juzgado Central de Instrucción número 6, encargado del caso Villarejo y en el que consta esa conversación con Larsen, y sobre la investigación que la Fiscalía abrió al rey Juan Carlos por presuntos delitos fiscales.
Sobre lo primero, el Supremo recuerda que "hasta la fecha ninguna exposición razonada ha sido enviada a esta Sala por dicho Juzgado sobre la presunta actividad delictiva del querellado, sea en relación con los hechos inicialmente denunciados, sea sobre los que los querellantes califican de novedosos".
En ese sentido, el auto reitera que es al Juez instructor al que incumbe practicar, si así lo estima conveniente, aquellas diligencias que le permitan individualizar de forma precisa la acción concreta atribuida a un aforado.
En cuanto a la investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre las cuentas del rey emérito en Suiza, los magistrados indican que aún está practicando diligencias y por tanto no se ha elevado a la Sala.
En este caso, lamentan que, de nuevo, "la información que parecen tener los querellantes a su disposición es aquella que ha sido facilitada por los medios de comunicación", y recuerdan que en todo caso la autoridad investigadora de la Sala se ejerce con plenitud y autonomía respecto a la ejercida por el Ministerio Fiscal.
El auto, que suscriben Manuel Marchena (ponente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer, recuerda que el PCE, IU y FAIRADE presentaron inicialmente una querella contra el Rey emérito Juan Carlos I el 5 de diciembre de 2018, que fue archivada el 1 de abril de 2019.
Posteriormente, el 31 de julio de 2020, solicitaron la "reapertura" del procedimiento, por "haber cesado la causa que fundamentó el archivo ante esta Sala", y con fecha de 16 de diciembre de 2020, presentaron un escrito en el que ampliaba la querella, dirigiéndose contra las personas inicialmente querelladas.
Concretamente, contra Juan Carlos I, su primo Álvaro Orleans Borbón, el gestor de cuentas en Suiza Dante Canónica, Nicolás Murga Mendoza y Allen Sanginés-Krause.
Entre sus argumentos para archivar las querellas, la Sala indica que no se puede aceptar que el relato de hechos punibles incorporado a una querella "sea una transcripción microliteral de lo que el periódico da a conocer a sus lectores".
"La acción popular no puede degradar el relevante papel que está llamada a desempeñar en el proceso penal limitándose a convertir noticias en causas criminales. Y mucho menos hacerlo con una regularidad selectiva que esconde una profesionalización del ejercicio de la acción popular", concluyen.
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