REDACCION | Jueves 25 de febrero de 2021
El responsable de CCOO en la Administración General del Estado en Albacete, Juan Francisco Zamora, ha informado de los paros parciales del personal no policial previstos todos los viernes, a partir del próximo 5 de marzo, entre las 12.30 horas y las 14.30 horas, en la Comisaría, DNI y Extranjería de Albacete.
"Desde 1985, año en el que se creó la Sección Estatal de Interior de Comisiones Obreras, se detectaron una serie de problemas y agravios del personal de cuerpos no policiales, con respecto a la Policía que hace sus mismas funciones en los centros de DNI, Comisaría y Extranjería, entre los que ha destacado el desconocimiento y falta de interés en nuestra normativa por parte de los responsables policiales", ha dicho Zamora en nota de prensa.
Además, Zamora ha criticado la diferencia retributiva entre ambos cuerpos realizando las mismas labores, mesa con mesa; la falta de concursos de traslados, limitando así la movilidad; la ausencia de posibilidades de desarrollar la carrera profesional dentro del organismo; y el acuerdo de productividad que, debido a su falta de actualización, "no se configura como instrumento válido para reflejar la realidad organizativa de los centros de trabajo, ni se ajusta a la realidad retributiva para las plantillas", ha remarcado.
Asimismo, Zamora ha indicado que "hay ausencia de interlocución con los gestores de la Administración y una progresiva externalización de servicios". "Es inadmisible que la Dirección General de la Policía vulnere los derechos de los trabajadores y trabajadoras que tantas veces se han dejado la piel por dar un servicio público de calidad", ha recalcado.
Por todo esto, desde el sindicato exigen un órgano de gestión de la plantilla no policial, integrado por personal de la AGE; un nuevo acuerdo de productividad; concursos de traslados con convocatoria anual; la aplicación del último acuerdo de fondos adicionales y la aplicación del Convenio único de para el personal laboral.
Además, CCOO exige la aplicación de las resoluciones dictadas en materia organizativa y preventiva por la Secretaría de Estado de Política territorial y Función pública; así como la obligatoriedad de cumplir con la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos laborales.
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