Con la salud NO se juega : Exigen a la Generalitat de Cataluña que mantenga la Vacunación Covid-19 para Policía Nacional y Guardia Civil

Ante la decisión adoptada por la Generalitat de Cataluña de suspender el proceso de vacunación frente a la Covid-19 de los policías y guardias civiles destinados en esa Comunidad Autónoma, pasando a inocular exclusivamente a quienes tienen entre 60 y 65 años, desde la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) manifestamos:

1. Esta medida supone un cambio de reglas de juego sanitarias que afecta a un colectivo de profesionales de unos 6.800 efectivos en toda Cataluña y que pone en riesgo a los compañeros y a sus familias al desarrollar una profesión que entraña, como así lo ha acreditado la propia Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un riesgo elevado de contagio del coronavirus. Desde ese punto de vista, además de ser una decisión temeraria y carente de cualquier lógica, merece nuestro rechazo por poner en peligro nuestras vidas.

2. Este nuevo criterio ha llegado envuelto en la opacidad más lamentable porque los afectados no han dispuesto de información alguna. La Generalitat ha decidido suspender la vacunación general de los policías y guardias civiles de manera unilateral, casi con nocturnidad, y sin ofrecer argumentos creíbles sobre los verdaderos motivos que le han llevado a paralizar un proceso que ya estaba en marcha.

3. Esta forma de tomar las decisiones levanta nuestras sospechas sobre los motivos que se esconden detrás y a nadie se le escapa que una Administración que ejerce la acusación en varios juzgados de instrucción de Cataluña contra efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil podría haber introducido en la ecuación que le ha llevado a aprobar una medida así variables ajenas a las sanitarias. La sospecha es legítima, teniendo en cuenta cómo se ha aprobado este nuevo criterio de vacunación y el colectivo que tendrá que asumir las consecuencias.

4. En la protección de la vida y la salud de las personas no puede haber uniformes ni colores que se primen. Lo contrario sería promover una atención sanitaria de primera y de segunda, en función de la profesión y de la Administración para la que se trabaje. El riesgo que corren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su quehacer es el mismo porque la operatividad policial es idéntica en lo que tiene que ver con la atención al ciudadano. Exigimos a la Generalitat equidad, transparencia y, sobre todo, un proceso de toma de decisiones sanitarias alejado de cualquier prejuicio político porque lo que nos estamos jugando en este proceso de vacunación es la vida.

5. Reclamamos del Ministerio del Interior la inmediata adopción de medidas, a través de los canales oportunos, para revertir esta discriminación tan temeraria. La lealtad institucional no puede ser un simple cliché discursivo y requiere compromisos inmediatos y verificables. Es nuestro Gobierno, el central, quien debe exigir cuanto antes el cese de esta discriminación sanitaria intolerable.