REDACCION | Jueves 27 de mayo de 2021
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado hoy que el proyecto de Ley por el que se crea el Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Castilla-La Mancha contribuirá a conseguir el equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico, así como a fortalecer la interlocución con las administraciones públicas.
Durante el pleno de las Cortes regionales, Ruiz Molina ha explicado que la constitución de este colegio oficial tiene “tres fines primordiales” siendo, en primer lugar, permitir que estos profesionales dispongan de una organización colegial que ordene el ejercicio de su profesión en el ámbito de la Comunidad Autónoma, como medio para garantizar el rigor y la calidad de los servicios profesionales que presta su personal colegiado a las personas usuarias y consumidoras; en segundo lugar, dotar a este colectivo de una organización adecuada, que garantizará su representación y la defensa de sus intereses profesionales; finalmente, con este Colegio Oficial se busca contribuir a fortalecer la interlocución con las administraciones públicas.
El consejero ha recordado que su creación es una petición de la Asociación de Ciencias Ambientales de Castilla-La Mancha y que esta solicitud cumplía “un requisito básico” para su tramitación, que es el interés público de dicha iniciativa, sustentado en que el ejercicio de esta profesión exige, ha continuado, “una formación académica encaminada a conseguir el equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico”.
Para el titular de Hacienda y Administraciones Públicas este objetivo “tiene mucho que ver con la preocupación y sensibilización que existe en la sociedad por la protección del medio ambiente y la lucha contra los efectos negativos del cambio climático y la degradación ambiental”.
Asimismo, ha indicado que “tanto la transición verde como la transformación digital van a ser los motores de cambio y de desarrollo económico y social en el siglo XXI”, por lo que ha considerado que este colegio va a tener “un papel protagonista en los cambios que se avecinan, con esos dos objetivos fundamentales”.
“Su constitución y puesta en marcha no solo es una buena noticia para los profesionales ambientólogos que trabajan en nuestra región, sino también para el conjunto de la ciudadanía”, ha añadido Ruiz Molina, quien ha puesto en valor “el impacto tan positivo que tienen los colegios profesionales”.
El consejero también ha manifestado la satisfacción del Gobierno regional por la previsible aprobación de esta iniciativa legislativa por unanimidad, después de que ninguno de los tres grupos parlamentarios haya presentado enmiendas al proyecto de Ley y de que se haya tramitado por el procedimiento de lectura única.
El primer colegio oficial que se crea desde 2012
El nuevo Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Castilla-La Mancha es el primero que se crea en esta Comunidad Autónoma en los últimos nueve años desde que, en 2012, se constituyera el Colegio Oficial de Enología. El nuevo órgano colegial podrá dar cobertura a los algo más de mil profesionales de este sector y, con su entrada en vigor, en Castilla-La Mancha habrá un total de 103 colegios profesionales y once consejos autonómicos de colegios.
Cabe apuntar que, hasta el momento, en España se han constituido cinco colegios de Ciencias Ambientales: en Cataluña (2003), Andalucía (2013), Islas Baleares, Comunidad de Madrid y Región de Murcia (2018), a los que ahora se suma el de Castilla-La Mancha, que será la sexta comunidad en disponer de este colegio gracias a este proyecto de Ley que consta de seis artículos, una disposición transitoria y una disposición final única.
Además, el año pasado se aprobó la Ley 6/2020, de 30 de julio, por la que se modificaba la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha, impulsada por este Gobierno con los objetivos de reforzar las garantías de las personas consumidoras y usuarias, aumentar la transparencia de los colegios profesionales y suprimir cargas administrativas injustificadas en el ejercicio de las profesiones colegiadas.
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