REDACCION | Jueves 17 de junio de 2021
El Gobierno de Sánchez tendrá que explicar en los tribunales su política de acercamiento de terroristas de ETA a centros penitenciarios más próximas al País Vasco y Navarra que aquellos en los que estaban cumpliendo su condena. Así se lo ha requerido en las últimas horas la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras una petición de la asociación Dignidad y Justicia.
El juez quiere que el departamento de Fernando Grande Marlaska le entregue en los próximos 20 días toda la documentación relativa a dos acercamientos del mes de marzo. El primero, el de Harriet Iragui Gurruchaga, uno de los asesinos materiales del fiscal jefe del TSJ andaluz Luis Portero García el 9 de octubre de 2010. Un acercamiento desde la cárcel de Castellón a la de Logroño que tuvo lugar en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la propia prisión.
El segundo de esos acercamientos cuya documentación se quiere es el de Juan Antonio Olarra Guridi, que fue trasladado desde también a la cárcel de Logroño desde el centro penitenciario de Granada. Otro movimiento que se hizo en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la prisión. Este etarra fue condenado por estar involucrado en más de una decena de crímenes, entre los que se encuentra también el del fiscal Portero.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha realizado en los dos últimos años y medio un total de 236 traslados que han beneficiado a 195 etarras. Las asociaciones de víctimas del terrorismo tienen claro que es el peaje político que está pagando por contar con el apoyo imprescindible de los diputados de EH Bildu en momentos muy determinados, como la investidura del propio presidente del Gobierno o la aprobación de los últimos presupuestos del Estado.
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