REDACCION | Lunes 28 de junio de 2021
La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra, dentro de la causa abierta contra el capo del narcotráfico José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco.
Todo ello, en el marco de la causa abierta a José Ramón Prado Bugallo, "Sito Miñanco" en la que éste último está procesado por su presunta participación en dos operaciones para introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido de la droga. Boye es uno de los abogados que defiende al expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, y también ha defendido al expresidente catalán inhabilitado por desobediencia Quim Torra.
La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, procesó a Boye por su presunta participación en una de las operaciones realizadas por la organización liderada por Sito Miñanco para recuperar 889.620 euros que habían sido incautados por la policía en el aeropuerto de Barajas, ocultos en una maleta de uno de los miembros de la organización.
En su auto, la Sala rechaza el recurso de Boye y explica que en esta fase procesal no se valora la culpabilidad o inocencia del procesado, sino si existen indicios que justifiquen su situación de procesado. El tribunal indica que los distintos informes policiales reconstruyen la vida mercantil de las letras de cambio emitidas en garantía de préstamos hipotecarios. "Y, en concreto, cómo dichas letras posteriormente fueron utilizadas por el entramado criminal, para facilitar las actividades encaminadas a la recuperación del dinero intervenido en Barajas siguiendo las instrucciones de Prado Bugallo, presuntamente transmitidas por García Arango y dirigidas por el recurrente Boye Tuset".
"Existen indicios, concluye la Sala, "de su presunta participación en la manipulación de unos contratos de compraventa y emisión de letras por valor de 889.620 euros, tal como se constata en el curso de los trámites seguidos en los expedientes sancionadores que se siguieron en la Secretaría General del Tesoro y Política financiera, que acreditan indiciariamente la simulación y falta de contenido real de los distintos documentos de préstamos y constitución de hipotecas cambiarias y contratos de compraventa de letras de cambio que resultaron aportados por el recurrente a los expedientes incoados mismo para intentar justificar la procedencia de los 889.620 euros que habían sido intervenidos previamente en el aeropuerto de Barajas a cinco de los procesados en esta causa".
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