REDACCION | Sábado 18 de septiembre de 2021
El PP de Castilla-La Mancha ha defendido hoy que la solución al problema de la ocupación ilegal está “cada vez más cerca” y que el PP la pondrá en marcha desde el Gobierno de España cuando esté presidido por Pablo Casado y de Paco Núñez cuando sea presidente de nuestra región en el año 2023.
La secretaria nacional de Sostenibilidad y Vivienda del PP y diputada nacional, Carmen Navarro y la presidenta del Consejo Político del PP-CLM y diputada del GPP, Ana Guarinos, han participado, en Madrid, en la concentración convocada por la Plataforma de Afectados por la Ocupación para pedir la dimisión del Gobierno de Sánchez junto a alcaldes y portavoces de municipios afectados de nuestra región.
Navarro ha asegurado que el PP. “tiene la solución” y que viene de la mano de la aplicación de la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación y en favor de las personas y cosas en las comunidades de propietarios de vecinos.
Una propuesta que la dirigente popular ha calificado de “completa”, ya que se basaba en darle una definición a la ocupación ilegal y el permitir que el código penal pueda aumentar las penas a los ocupas ilegales de hasta tres años de prisión, así como la recuperación inmediata de la posesión en los casos de ocupación ilegal en un máximo de 12 horas.
En este sentido ha recalcado que el PP tiene la solución porque esta Ley Orgánica ya se llevó a debate en el Congreso de los Diputados y todas las fuerzas de izquierda votaron en contra, incluido el PSOE.
El PP-CLM pide a Page que “rescate del cajón” la Ley propuesta por Paco Núñez para atajar el problema de la ocupación ilegal
Además, el PP-CLM ha lamentado que, hace ahora un año, el presidente Paco Núñez propuso a Page elaborar una Ley contra la ocupación de manera conjunta, pero prefirió desestimar las propuestas del PP en las que se recogían medidas mucho más restrictivas como el desalojo exprés, la imposibilidad de empadronar, o la exigencia de modificar el código penal para endurecer las penas a aquellos que ocuparan una vivienda.
Pero, el Gobierno de Page “no quiso hacer caso” a la propuesta del PP y “aparcó la Ley en un cajón”.
Sin embargo, para el PP-CLM la Ley de Page contra la ocupación no es “suficiente” y después de un año se ha demostrado que el PP tenía razón, ya que “no sirve”. Por ello, el Gobierno regional debería plantearse si quizá “rescatar” la Ley presentada por el PP puede ser una buena medida para atajar el problema real de la ocupación.
Así mismo, el PP-CLM ha pedido al Gobierno de Page que “menos tregua de cuatro meses” porque la gente que tiene una vivienda ocupada no tiene por qué esperar a enero, ya que tiene una Ley en el cajón redactada por el equipo penalista del PP que es mucho más dura que la que se aprobó hace un año.
Por ello, solicita al Ejecutivo Autonómico que rescate la Ley del PP-CLM y que la lleven al pleno de las Cortes Regionales para aprobarla “tal cual” o con las modificaciones que sean necesarias y que, a partir de ahí, “trabajemos todos juntos” para exigir a Sánchez y al PSOE que cambien su postura y que aprueben una Ley nacional contra la Ocupación.
Las calles de Madrid han acogido este sábado una manifestación en la que han participado vecinos de pueblos afectados como Horche.-
Este sábado, delante del Congreso de los Diputados, se dieron cita un buen número de personas hartas de los problemas que está generando la okupación en sus pueblos y ciudades. Hasta la manifestación, entre otros muchos, se desplazó Fernando García, el presidente de 'Defiende Horche'. «Con esta protesta esperamos crear conciencia tanto a nivel social como político, ya que la ley protege más al okupa que al ciudadano que sufre sus consecuencias», se lamenta este vecino del municipio de Guadalajara afectado seriamente por este fenómeno.
Horche lleva desde hace unos ocho años arrastrando esta problemática, «pero la situación se ha hecho casi insostenible coincidiendo con la pandemia», explica a ABC Fernando García, quien asegura que «cada vez hay más okupas». Algo que corrobora el alcalde, José Manuel Moral Calvete, quien afirma que, debido a ello, «se ha roto la paz social en el pueblo y cada vez son más numerosos los delitos tanto de hurtos como de robos, peleas o tráfico de drogas». De hecho, según cuentan, este mismo verano se produjo un alunizaje en el estanco de la localidad. Todo ello en una localidad de 2.500 habitantes y con un claro déficit de recursos policiales.
Por eso Moral Calvete también se quiso sumar a la manifestación «como vecino y como responsable del pueblo». El alcalde se muestra impotente por no poder hacer más de lo que están haciendo hasta ahora en Horche, donde son unos 200 los okupas que hay entre 50 y 60 viviendas de dos promociones de pisos propiedad de Servihabitat, inmobiliaria de CaixaBank, que no se llegaron a vender en su totalidad.
La entidad financiera ya ha recibido numerosas quejas tanto de particulares como del ayuntamiento por esta situación ya que, según el regidor horchano, «no han hecho nada por la vigilancia ni el control de las casas». Incluso, llega a decir que CaixaBank puso en alquiler social estas viviendas sin contar con el permiso municipal.
El alcalde y el presidente de 'Defiende Horche' denuncian al diairo ABC que esa dejación de funciones de la propiedad en esa promoción de viviendas es la que ha servido de «efecto llamada» para los okupas. Todos ellos, según dicen, proceden de Madrid y de otras comunidades y se comportan como «mafias», que se dedican a okupar las casas y a alquilarlas a otra gente, conectándose de manera ilegal a la luz y al agua.
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