REDACCION | Miércoles 13 de octubre de 2021
El trabajador M.S.L, responsable de cargar los camiones con mezcla de residuos en la planta afectada en el incendio de Chiloeches (Guadalajara) y acusado en el juicio por el incendio de agosto de 2016, ha declarado este miércoles que Manuel Layna era quien le encargaba hacer las mezclas de residuos.
Así lo ha declarado en la novena vista del juicio oral, que se celebra en el edificio de los antiguos juzgados de Guadalajara y en el que están acusadas 18 personas y tres empresas, con más de 120 testigos citados.
“Manuel Layna me indicaba que hiciera las mezclas (de pinturas y lodos). Lo recuerdo porque me lo dijo varias veces y los cargaba en los camiones de Layna”, ha señalado M.S.L quien ha dicho que a veces chorreaba parte de la carga como barro o lodo.
A preguntas de la fiscal sobre si distinguía entre residuos peligrosos y no peligrosos, ha dicho que él no tenía conocimiento para hacerlo, que cuando entró no se le dio formación y no sabía, y ha precisado que empezó a haber más cantidad de residuos en enero de 2016 por lo que meses antes del incendio había mucha cantidad acumulada.
También ha declarado este miércoles R.P.C., responsable de la carga y descarga de camiones, que ha dicho desconocer el contenido de los camiones -“yo solo veía que salían las bañeras llenas”- pese a que en su declaración previa en el proceso de instrucción dijo haber visto hacer las mezclas de residuos peligrosos y no peligrosos.
Este acusado ha manifestado que los vertidos iban a un depósito de seguridad según le indicaba Manuel Layna.
La Fiscalía pide para cada uno de ellos cuatro años de cárcel por un delito de participación en grupo criminal y por el delito de gestión peligrosa de residuos o, de forma alternativa, del delito contra el medio ambiente.
Los hechos que se juzgan ocurrieron en agosto de 2016 pero la causa, muy compleja por sus diversas vertientes e implicados, ha tenido un largo proceso de investigación que conlleva un macrojuicio con cerca de 120 testigos y 21 acusados que se prolongará durante tres meses.
La Fiscalía pide penas de entre 14 meses y 19 años de prisión para los acusados entre los que están seis responsables de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha en diversos cargos en aquel momento.
Según la Fiscalía, los responsables de la Junta permitieron la autorización de la gestión peligrosa de residuos en las instalaciones afectadas por el incendio y señala que en algunos casos conociendo los incumplimientos de las empresas se les mantuvo la autorización.
Del mismo modo señala numerosos incumplimientos de la normativa de transporte y tratamientos de residuos peligrosos por empleados y empresas implicadas.
El escrito apunta que tras la investigación se determina que el incendio fue provocado y derivó en unos daños medioambientales y para la salud pública en un amplio perímetro de la instalación, donde ardieron sin control alrededor de 20.000 toneladas de residuos peligrosos.
Esto residuos generaron una inmensa pluma de contaminación atmosférica que obligó a recomendar el confinamiento de la población sensible cercana, vertidos al río Henares con consecuencias para sus aguas y su fauna piscícola, así como la contaminación de miles de toneladas de tierra.
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