REDACCION | Viernes 31 de diciembre de 2021
Un grupo de abogados ha entregado en la mañana de este jueves en la sede del Col.legi d’Advocacia de Barcelona las 2000 firmas que reunidas en apoyo de la Sección de Derecho Constitucional, que criticó en un comunicado la inacción del Gobierno catalán frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Cataluna (TSJC) que obligaba a una escuela de Canet de Mar a impartir el 25% de sus clases en castellano. A través de un manifiesto, este colectivo de juristas reclama la Generalitat que cumpla con la sentencia en las escuelas catalanas y "facilite el ajuste del sistema educativo a la legalidad y no obligue a judicializar este tema", advirtiendo de que si no lo haces "los abogados seremos lo que tendremos que solicitar la ejecución" del fallo judicial "en nombre de las familias y asociaciones afectadas".
La polémica por el comunicado de la Sección de Derecho Constitucional no amaina. Todo lo contrario, se recrudece. Esta mañana medio centenar de abogados se concentraron en las puertas del Col.legi de l’Advocacia de Barcelona para mostrar el apoyo a sus miembros que calificaron la actitud adoptada por las autoridades catalanas respecto a la escuela de Canet de Mar de “extrema gravedad”, al “atentar de modo frontal contra el principio del Estado de Derecho”.
La comisión sostiene que estos hechos afectan "a algo tan fundamental en una democracia avanzada como la nuestra como es el garantizar la protección integral de los menores contra toda forma de violencia y de victimización secundaria, principios estos consagrados por nuestro ordenamiento con rango de ley orgánica".
En un comunicado leído por la profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, Chantal Moll, los abogados constitucionalistas recordó que "la Sección de Derecho Constitucional tiene como objetivo llevar a cabo un debate sobre temas constitucionales que afectan al abogado en su práctica diaria en los tribunales" y que "las declaraciones de determinados dirigentes políticos en las que indican que no cumplirán una sentencia judicial tiene repercusión en la práctica de la abogacía puesto que ello implicará que muchos compañeros deberán asistir a los ciudadanos para exigir el cumplimiento de la sentencia y el respeto al Estado de Derecho".
Además, señala que "la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que la existencia de diversas lenguas oficiales impone un régimen de conjunción lingüística que significa que las dos lenguas oficiales han de tener un uso vehicular en la educación y que este régimen de conjunción no responde a un derecho subjetivo de los alumnos sino que es consecuencia de la misma oficialidad de la lengua y por ello es necesario que ambas lenguas sean vehiculares en la escuela". Por eso señalan que el TSJC insta a la Generalitat "en su calidad de Administración ejecutiva en educación controlar que se cumpla el modelo de conjunción lingüística" y que los centros tienen autonomía para determinar su proyecto educativo y lingüístico que es el que "permite adaptar la prestación del servicio de educación a las necesidades del alumnado. Son por lo tanto las familias de los alumnos y los centros docentes quienes han de fijar el proyecto lingüístico específico de cada centro, respetando siempre el bilingüismo".
Los abogados de esta plataforma de apoyo también instan "a los representantes políticos a que no difundan mensajes poco rigurosos que confunden y confrontan a la población. Este es un asunto técnico, de Derecho y Educación y son los profesionales de estos sectores quienes han de trabajar para que se cumpla el modelo legal de educación en Cataluña".
La abogada Sonia Reina, vocal de la Sección de Derecho Constitucional y miembros de Ciudadanos, ha denunciado en conversación con EL PERIÓDICO que los miembros de esta comisión están siendo “objeto de señalamiento, acoso y derribo por parte del separatismo, que pretende silenciar la voz de los que defendemos el Estado de Derecho y, por lo tanto, la democracia”
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