El Grupo Provincial de Unidas Podemos - Izquierda Unida en Guadalajara denuncia la pérdida de servicios que sufre una gran cantidad de pueblos de la provincia, como es la clausura de sucursales bancarias y cajeros automáticos.
Los habitantes de todos los pueblos de nuestra provincia conocen las dificultades que supone, en muchos aspectos, vivir en el medio rural. A pesar de ello, no renuncian a sus derechos básicos como ciudadanos, y las administraciones y organismos les proporcionan, en la medida de lo posible, ayudas para seguir adelante y no sucumbir a los efectos negativos de la despoblación.
La obtención de dinero en efectivo o la realización de gestiones bancarias es un derecho accesible en las ciudades, pero en muchos de nuestros municipios se está convirtiendo en un verdadero lujo. Esta situación afecta, especialmente, a las personas más vulnerables, que en este caso son las personas mayores, que requieren atención cercana y personalizada, la cual solo puede ser satisfecha de manera presencial.
En este contexto, la Diputación Provincial de Guadalajara ha habilitado una nueva partida presupuestaria de algo más de medio millón de euros para mitigar esta situación mediante la instalación de cajeros automáticos y el mantenimiento de los mismos a mediados de 2022. Esto se suma a las partidas de 2021, que según cifras de presidencia de la diputación dejan el total en 1.056.794,25 euros. A pesar de este esfuerzo pagado con dinero público, los bancos actúan en su propio beneficio y se permiten el lujo de cerrar aún más oficinas y reducir los horarios de las que quedan abiertas, lo que dificulta enormemente que la población se mantenga en zonas rurales, puesto que no disponen de servicios esenciales. Daniel Touset, Diputado del Grupo Provincial de Unidas Podemos – Izquierda Unida, denuncia esta tesitura y expone que “las medidas adoptadas por esta institución provincial no deberían ser aprovechadas por las entidades bancarias a cerrar más sucursales y cajero. Si se apoyan decisiones es para garantizar calidad de vida a quienes vivan en los pueblos, no para concederle a los bancos el placer de continuar enriqueciéndose a base de aprovecharse de sus propios clientes”.
Desde la coalición morada estamos de acuerdo en que luchar contra la despoblación es una responsabilidad de todos, pero está en manos de muy pocos prestar servicios básicos y no pensar en las rentabilidades económicas.
Como nos traslada Juan Andrés García Torrubiano, municipios como Chiloeches, que son más grandes y, por tanto, cuentan con un mayor número de habitantes, se suman a la gran lista de localidades que han visto reducidos drásticamente los servicios bancarios y sufren las consecuencias de este `éxodo bancario´.
Por el momento, los municipios que han suscrito el convenio con la Diputación para poner en marcha los cajeros en sus pueblos son: Espinosa de Henares, Fuentenovilla, Yebra, Alcocer, Fuentelencina, Mandayona, Mazuecos, Budia, Torremocha del Campo, Viñuelas, Alhóndiga, Anguita, Alustante, Peñalver, Hiendelaencina, Galve de Sorbe, Loranca de Tajuña, Trijueque, Valdeaveruelo, Pareja, Aranzueque, Driebes, Corduente, Hontoba, Tendilla, Hita, Valdenuño Fernández, Lupiana, Heras de Ayuso, Armuña de Tajuña, Cantalojas, Campillo de Ranas y Peralejo de las Truchas.
El malestar y la sensación de abandono por parte de todos los vecinos afectados es más que evidente. Por no hablar de la gran cantidad de despidos que el `éxodo bancario´ ha traído consigo. Según las estadísticas del Banco Central Europeo, España es el país de Europa con menos trabajadores por cada sucursal bancaria.
En palabras de Juan Andrés García, “Todo esto ocurre mientras los bancos reciben subvenciones de cientos de miles de euros, aprovechándose de estas ayudas públicas para sacar tajada, mientras recortan servicios a la ciudadanía. Una vez más, gana la banca.”