REDACCION | Viernes 11 de febrero de 2022
La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL se ha mostrado contundente sobre las informaciones que han trascendido en relación al presunto trato de favor por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hacia los presos de la banda terrorista ETA, según se desprende del informe elaborado por la Guardia Civil donde se los contactos existentes entre el entorno proetarra y colaboradores de Arnaldo Otegi con el ministerio del Interior y más concretamente, con el responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. Los responsables de la Asociación Profesional mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, han reclamado del Ministerio del Interior «una rápida aclaración sobre el contenido de este informe» y han anunciado que «en caso de que se confirmase el mismo, acudiremos ante la Justicia para reclamar las oportunas responsabilidades».
En un severo comunicado emitido este jueves, los guardias civiles desaprueban la existencia de dichas prácticas. Unas interlocuciones que, supuestamente, se habrían mantenido entre los respresentantes de Interior, Departamento que lidera el exmagistrado Fernando Grande-Marlaska, con el que fuera el exconsejero vasco de Justicia Joseba Azkarraga, responsable de la plataforma de apoyo a los presos de ETA llamada Sare. Los contactos, también corrían a cargo de Julen Arzuaga, miembro del chat GureMarko.
En el texto de JUCIL, al que ha tenido acceso el periódico digital El Debate en primicia, se considera «un gravísimo escándalo la posibilidad de que desde el Ministerio del Interior pueda ofrecerse un trato de favor a determinados presos, sobre todo aquellos que han sido condenados por actos de terrorismo».
«Como asociación profesional de carácter apolítico y centrada en la defensa de laboral de los guardias civiles y también por tanto de aquellos que han sido víctimas de la violencia política terrorista, el Comité Ejecutivo Nacional de JUCIL califica de auténtica desvergüenza la posibilidad de que los autores de los daños puedan recibir beneficios antes incluso de que se haya resarcido a las víctimas de estos actos de terrorismo», han afirmado.
El informe de la Guardia Civil «detecta incluso que muchos de estos presos hacen gala de conocer por anticipado los planes penitenciarios tanto del Gobierno Vasco como del Ejecutivo central lo que, de ser cierto, supondría una grave situación de agravio, de segregación y de discriminación de ambas administraciones públicas hacia las víctimas de tan graves delitos frente a sus verdugos», han sentenciado.
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