REDACCION | Martes 08 de marzo de 2022
La siderúrgica Megasa es uno de los primeros nombres que se van conociendo entre las compañías que han tenido que dejar de trabajar debido a la tormenta energética que ha desatado la invasión a Ucrania por parte de Rusia.
Desde el pasado viernes, 4 de marzo, esta empresa asentada en el municipio coruñés de Narón ha suspendido su actividad. Además, la dirección ha emplazado al comité de empresa a un encuentro desde las 12: 00 horas de este martes en las instalaciones industriales para estudiar la actual situación de escalada de precios en el suministro eléctrico.
"El horizonte no es que que sea negro, es peor que negro", señala Fernando Soto, director general de Asociación de Empresas Grandes consumidores de Energía (AEGE).
Para la mayoría de estas empresas el precio energético supone aveces hasta el 60% de sus costes, por lo que auguran que se verán obligadas a realizar paradas de producción ante la escalada de precios disparados ya con motivo de la guerra desatada por la invasión de Ucrania por Rusia.
Desde la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, AEGE alertan de la situación límite de las empresas. "Las industrias electrointensivas españolas sufren el encarecimiento de su suministro eléctrico por la escalada de precios del gas natural y de los derechos de emisión que con el impacto de la guerra en Ucrania ha supuesto precios eléctricos en marzo superiores a los 540 €/MWh, con horas a 700 €/MWh, nunca vistos en nuestro mercado. En industrias tan sensibles al precio eléctrico y con estos niveles, su actividad está en serio riesgo dada su alta exposición al precio del mercado diario y al no disponer de la mayoría de las medidas regulatorias que tienen sus competidores europeos" avisan.
Para aliviar la situación, AEGE solicita al Gobierno "medidas de urgencia similares a las de otros países europeos como Francia, Alemania, Italia, Portugal... Ante la ausencia de ofertas de las eléctricas de contratos bilaterales a precios previos a la crisis energética, el Gobierno tendría que convocar las subastas de energía de tecnología inframarginal (nuclear, hidráulica y renovables), recogidas el RDL 17/2021, y adicionalmente ofrecer la energía del RECORE a un precio regulado". Para AEGE "urge que esas medidas se adopten ya para salvaguardar la competitividad de nuestra industria electrointensiva, la economía y el empleo que representan. No se hizo en el último trimestre de 2021 y no podemos esperar más tiempo. Además, reclamamos otras medidas como la exención del 80% del peaje de transporte eléctrico, la máxima compensación del CO2 indirecto, estimada en 450 millones de euros para 2022, y poner en marcha un nuevo servicio sustitutivo de la interrumpibilidad, como han hecho en Portugal"
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