REDACCION | Miércoles 22 de octubre de 2014
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Coslada (Madrid) ha admitido a trámite la demanda presentada por la empresa Detectives Almirante y su director, Isidro García, sobre tutela de su derecho al honor contra la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal; la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, y el dirigente del PP Francisco Cañizares. En el decreto del juzgado madrileño, fechado el 23 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, se especifica que los demandados tendrán que contestar en un plazo de 20 días hábiles, apercibiéndoles de que "si no comparecen en el plazo indicado se les declarará en situación de rebeldía procesal". La demanda fue presentada el pasado mes de enero por el "grave perjuicio" que según la empresa le han causado las manifestaciones que los tres 'populares' realizaron contra la misma y su responsable entre los meses de enero y febrero de 2011. SIGUE
En la demanda, a la que tuvo acceso Europa Press, Detectives Almirante explica que habiendo siendo contratada por un funcionario del Ayuntamiento de Ciudad Real para investigar un supuesto caso de acoso laboral, los 'populares' vincularon este trabajo de la empresa con un supuesto espionaje al PP encargado por el PSOE.
En concreto, cita afirmaciones de Cospedal en las que señalaba que fueron "investigados por una agencia de detectives" y que la misma "es propiedad o está dirigida por un destacado militante socialista que fue candidato por el PSOE en un ayuntamiento de Castilla-La Mancha", y que después habían "sacado a un funcionario del Ayuntamiento de Ciudad Real diciendo que lo había encargado él".
Estas y otras manifestaciones que se aportan, de las que --según la demanda-- se hicieron eco periódicos, agencias de noticias, emisoras de radio y periódicos digitales regionales y nacionales, han motivando un "daño" evidente en la mercantil, teniendo en cuenta que su objeto social es "una actividad profesional como la de la investigación, que requiere un alto grado de discreción y del anonimato de los investigadores".
Los demandantes aseguran que todas las declaraciones vertidas --en concreto-- por Cospedal "no han podido ser acreditadas por cuanto que han resultado ser, todas ellas, falsas", motivando un perjuicio a Detectives Almirante y su director en el plano económico, profesional y de menoscabo de su imagen, e inciden en el hecho de que Cospedal no se retractase de ellas "cuando se le ofreció a través de un acto de conciliación" esa oportunidad.
DAÑO MORAL
De otro lado, la demanda argumenta que estos hechos han afectado tanto a la salud física como mental de Isidro García --se aporta un informe psicológico sobre el demandante-- y, por ello, y en base al daño moral causado, la representación de Detectives Almirante solicita 100.000 euros, en concepto de indemnización, a cada uno de los demandados.
Según recoge la demanda, el director de Detectives Almirante es una persona "que carece de toda notoriedad pública o cualquier otra clase de relevancia social en sus opiniones personales o su actividad" y no ejerce ningún cargo público ni ha tenido nunca presencia en los medios, por lo que Cospedal, Cañizares y Romero "con sus declaraciones deletéreas, llevan a cabo una intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la propia imagen" al presentarlo a él y a la mercantil como "quienes realizan trabajos de investigación para el PSOE".
ANTECEDENTES
Los tres demandados estuvieron citados a sendos actos de conciliación celebrados en Toledo y Ciudad Real, en los que Detectives Almirante pedía que se reparase el "deterioro" que había supuesto para esta empresa sus declaraciones.
En el caso de la secretaria general y presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, la citación se produjo el día 13 de junio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Toledo, aunque la responsable del PP no compareció y lo hizo su abogado en su lugar.
Tampoco comparecieron el 1 de julio en otro acto de conciliación convocado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Ciudad Real Rosa Romero y Francisco Cañizares --ambos representados por un abogado-- lo que llevó a García a anunciar la presentación de una demanda.
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