REDACCION | Martes 27 de septiembre de 2022
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que la Dirección Provincial de Guadalajara permite que los centros educativos de la provincia incumplan la normativa de la Consejería de Educación sobre realización de guardias.
En concreto, varios centros educativos de la provincia de Guadalajara, entre ellos el IES Brianda de Mendoza de la capital y el IES Profesor Domínguez Ortiz de Azuqueca de Henares, obligan a sus docentes a llevar a cabo hasta cinco guardias semanales, transgrediendo de esta forma la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, publicada el pasado 22 de junio, que fijan en tres el número máximo de guardias en Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
El presidente del CSIF Educación Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz, señala que “hemos advertido en varias ocasiones a la Consejería de Educación de lo que está sucediendo en los centros, pero no se ha hecho absolutamente nada para corregirlo”.
Para CSIF, se trata de algo “muy grave”, no sólo por suponer una ilegalidad al no cumplir la normativa, sino porque “se está explotando a los docentes, encima que somos la comunidad autónoma con más horas lectivas, también hay compañeros que tienen que sufrir más guardias que las estipuladas”. Las guardias son periodos de asistencia a los grupos cuyo profesorado está ausente, una docencia que se suma a la materia que imparte habitualmente el docente.
MÁS PROBLEMAS
CSIF también denuncia que ha habido una mala planificación por parte de la Dirección Provincial de Guadalajara: no se han desdoblado grupos al comienzo de curso como era necesario y se ha realizado posteriormente, lo que ha provocado el cambio de horarios del alumnado y profesorado. De este modo, “hay docentes que han dado clase a unos alumnos hasta el día 23 de septiembre, y el 26, con el nuevo horario, ya no tengan docencia con esos alumnos. Dos semanas perdidas, parece que a nadie en la Administración le importa”, explica Ranz.
Asimismo, la entrada en vigor de la nueva legislación ha doblado la ya de por sí desmesurada carga burocrática de los docentes, y nadie les ha explicado cómo efectuar las programaciones; incluso se han dado instrucciones distintas dependiendo de qué dirección provincial las ha emitido.
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