REDACCION | Lunes 10 de octubre de 2022
El cabecilla de la trama era un gestor, quien abusó de las autorizaciones que le había concedido la empresa para dar de alta a trabajadores ficticios y blanquear dinero con facturas falsas.
La investigación policial reveló que se había contratado irregularmente a 21 personas para así facilitarles el acceso a una prestación del Servicio Público de Empleo.
La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y el Servicio Público de Empleo, han destapado en Albacete un fraude a la Seguridad Social que supera los 200.000 euros. Se ha detenido al cabecilla de la trama: el gestor de una empresa de la localidad quien aprovechó las autorizaciones que le otorgó uno de sus clientes para dar de alta a más de una veintena de trabajadores ficticios y blanquear dinero mediante facturas que superaban los 300.000 euros.
La investigación policial arrancó siguiendo instrucciones del Juzgado de Instrucción número 1 de Albacete, al que acudió el empresario perjudicado para denunciar que, a raíz de una inspección de trabajo, detectó que le constaba una deuda con la Seguridad Social de 200.000 euros. Según pudo averiguar, el motivo de esta deuda era por no haber abonado las cuotas a la Seguridad Social de más de una veintena de trabajadores que él no había contratado ni tenían relación alguna con la empresa.
En ese momento y a instancias del Juzgado, se inició una investigación de la Policía Nacional en colaboración con la Inspección provincial de Trabajo y el Servicio Público de Empleo. Tras un año de gestiones, se ha investigado a los 21 trabajadores ficticios por ser considerados presuntos responsables de un delito de fraude de prestaciones a la Seguridad Social, así como a la detención de un abogado de la ciudad, quien ejercía como gestor para la empresa y supuestamente fue el principal artífice de la trama.
Al parecer, el detenido aprovechó que la empresa no estaba pasando por una buena situación económica para servirse de los permisos que le había concedido su cliente y utilizarlos dando de alta a los trabajadores ficticios. De este modo, pretendía lograr que cotizasen el tiempo necesario para solicitar una prestación por desempleo.
Según las investigaciones realizadas, gracias a esta estrategia al menos 15 personas pudieron acceder a varias prestaciones, ascendiendo el fraude cometido a más de 163.000 euros. Cuando los supuestos empleados fueron llamados a declarar en dependencias policiales o en la Inspección de Trabajo, quedó constancia de que algunos de ellos desconocían por completo la empresa para la que trabajaban, su ubicación, quién era su jefe o incluso cuántos y quiénes eran sus compañeros de trabajo.
También se pudo averiguar que algunas de estas personas también figuraban como administradores de empresas relacionadas con el detenido, y que incluso figuraban dados de alta como trabajadores en otras mercantiles cuyo nexo común siempre era el mismo gestor.
Además, el abogado supuestamente había emitido facturas falsas a nombre de esta empresa por servicios prestados a otras empresas de las que también él era administrador o gestor, por lo que además de los delitos de falsificación documental y fraude de prestaciones a la Seguridad, también se le ha imputado un delito de blanqueo de capitales.
Además, a raíz de este hecho también descubrió que en el año 2019 se habían emitido por parte de su empresa varias facturas por valor de casi 300.000 euros por trabajos que nunca se habían efectuado.
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