REDACCION | Domingo 30 de octubre de 2022
Las protestas de las asociaciones de víctimas no han impedido que con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, desde septiembre de 2018 Interior haya avalado el traslado de 203 presos etarras a prisiones del País Vasco y Navarra en su gran mayoría (172), unos acercamientos que han alcanzado velocidad de crucero en el último año y medio. No en vano, en estos 18 meses se han llevado a cabo 139 traslados (69 en lo que va de 2022), uno cada cuatro días de media.
Ese reguero de cambios de centros penitenciarios para romper con la dispersión (una de las recurrentes exigencias de ETA y su entorno) está repleto de etarras con un amplio historial delictivo: Javier García Gaztelu, «Txapote», condenado por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco; la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, «Anboto»; Ana Belén Egües; Juan Antonio Olarra Guridi; Juan Carlos Iglesias Chouzas, «Gadafi»; Henri Parot, condenado por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza; José Javier Arizkuren Ruiz, «Kantauri»; los autores del atentado de la T-4 Igor Portu y Mattin Sarasola...
La lista es interminable, pero aún está incompleta. Según los datos del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), a día de hoy solo quedan 26 presos de ETA en prisiones fuera del País Vasco y Navarra (ver gráfico). El centro penitenciario de León se lleva la palma con seis presos de la banda terrorista, seguido de la prisión de Dueñas (Palencia) con cinco; Topas (Salamanca) y El Dueso (Santoña) con tres; Daroca y Zuera (ambas en Zaragoza) y Logroño con dos; y Estremera (Madrid), Soria y Alcalá de Henares (Madrid) con uno cada una. Además de ellos, otro once están ya en la prisión de Pamplona.
Según el diario LA RAZÓN, entre los reclusos de ETA que están a la espera del ansiado acercamiento figura también a Iñaki Bilbao, condenado por asesinar al edil socialista de Orio Juan Priede y por amenazar a jueces de la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón. Partidario de seguir con la violencia y expulsado en 2014 del colectivo de presos de la banda terrorista, Bilbao realizó seguimientos para atentar contra Juan María Atutxa y contra Carlos Iturgaiz.
Natividad Jáuregui, entregada por Bélgica hace dos años tras más de tres décadas huida y conocida como «la etarra de las mariscadas», se encuentra en la prisión de Alcalá de Henares (Madrid), en su caso a la espera de juicio tras ser procesada por el asesinato en 1981 del teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche cuando salía de misa en la Basílica de Begoña en Bilbao. Uno de los etarras condenados por el atentado de la T-4, Mikel San Sebastián, espera igualmente en Soria un posible traslado.
Pendiente también de un traslado está en la prisión de Zuera (Zaragoza) el etarra Daniel Pastor, sobre quien pesa una condena de 3.860 años de cárcel por el atentado con una furgoneta bomba contra la casa cuartel de Burgos, que dejó 160 heridos, entre ellos 41 niños.
AVT: “Una cesión a una reivindicación histórica de ETA”
Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT, asegura que la derogación de la dispersión es «una cesión a una reivindicación histórica de ETA». Para la letrada, avalar los acercamientos «sin exigir un arrepentimiento sincero» supone incumplir «con la finalidad de reinserción de las penas», por lo que defiende que se exija la colaboración con la justicia «para la valoración del pronóstico favorable de reinserción exigible a los presos antes de ver mejorada su situación penitenciaria». Las cartas de arrepentimiento, dice, «son un paripé». «Y lo más grave», lamenta, «es que esta cesión se ha realizado como contrapartida política para garantizar apoyos».
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