REDACCION | Viernes 11 de noviembre de 2022
ASAJA Castilla-La Mancha valora las dos sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por la que se anulan las Ordenanzas sobre la Gestión y la Evacuación de Residuos de Ganadería Porcina Intensiva (purines), en los municipios conquenses de Priego y Almendros.
Las sentencias responden a sendos recursos presentados por dos empresas del sector porcino con proyectos en los términos municipales de Priego y Almendros y que vieron perjudicada su actividad por las ordenanzas que restringían la gestión de los purines.
Para ASAJA CLM, las sentencias del TSJCM vienen a dar la razón a la postura que ha defendido nuestra organización en el sentido de que los ayuntamientos no podían aprobar ordenanzas que excedían sus competencias y que limitaban, de forma velada, una actividad económica.
Desde la organización agraria se recuerda que, entre otras actuaciones, en mayo de 2021 se dirigió una carta a los 238 municipios que hay en la provincia de Cuenca trasladando a sus ayuntamientos la preocupación por la aprobación de ordenanzas municipales como consecuencia de la presión que estaban haciendo algunos grupos antiganaderos. En ese escrito se advertía a los ayuntamientos que la potestad en materia de normativa medioambiental recae en las CCAA y que, “cualquier ordenanza municipal que se aprobara, debería respetar la normativa básica autonómica ya que, de no ser así, se podría utilizar la vía jurídica”, tal y como ha ocurrido no sólo con las dos sentencias conocidas, sino con decenas de recursos que se han interpuesto contra ordenanzas de otros ayuntamientos.
Además, la organización agraria indicaba “nuestra apuesta por el desarrollo de actividades que, en un escenario de libertad y escrupuloso cumplimiento de las normas, favorezcan el desarrollo económico del ámbito rural” y se advertía que “actuaremos con determinación ante cualquier atropello o ilegalidad que impida el desarrollo de los proyectos”.
En este sentido, apostaba por llegar a “escenarios de consenso y acuerdo para evitar conflictos sociales” y se ponía a disposición de los ayuntamientos para mantener encuentros y colaborar en todo lo que la organización pudiera aportar.
ASAJA CLM reitera su total disposición a colaborar con los ayuntamientos y recuerda que la población de los núcleos rurales vive principalmente de la agricultura y la ganadería.
Además, advierte a los ayuntamientos de que este tipo de actuaciones que exceden de sus competencias y que han acabado en los tribunales, pueden tener repercusiones legales más costosas que, al final, acabarán pagando los propios ayuntamientos y, por lo tanto, los vecinos habituales de los pueblos.
“Estas sentencias son un aviso ante cualquier intento de limitar actividades en el ámbito agrario y, además, una advertencia sobre el riesgo que corren los ayuntamientos, a los que las empresas perjudicadas pueden reclamar indemnizaciones millonarias por los perjuicios ocasionados”, explica la organización.
ASAJA CLM hace referencia también al papel que la Administración regional tiene en la vigilancia de las competencias de los ayuntamientos y a la necesidad de actuar en el caso de que las traspasen.
En esta línea recuerda que, en diciembre del año 2019, se dirigió una carta al Viceconsejero de Medioambiente solicitando a su Consejería que aclarara los términos competenciales de las entidades locales para poder determinar si disponían de competencias en medioambiente específicas para aprobar estas normas.
En otoño de 2020 se envió un nuevo escrito, en esta ocasión al presidente de la Junta de Comunidades, en el que se hacía referencia a las injustificadas exigencias que los ayuntamientos estaban imponiendo a los ganaderos que querían instalar explotaciones porcinas.
Desde ASAJA CLM se continúa trabajando en la defensa de un sector sometido a los ataques continuados de grupos de interés que persiguen, como fin último, la desaparición de la ganadería.
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