Retraso de pagos de la administración: La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha provoca la ruina del sector agropecuario

El exceso de “papeleos” e inspecciones al agricultor y ganadero, ligado a los retrasos de los pagos por parte de la Administración por diversos motivos sin justificación hace la actividad agraria en Castilla-La Mancha insoportable.

Llevan años en Castilla-La Mancha donde el pago del dinero adeudado a los agricultores y ganaderos se retrasa sin ningún motivo y por tiempo indefinido. Transferencias de derechos de cobro, (no se puede ampliar la explotación), cambio de número de cuenta bancaria (se pretende desde la Administración que se mantenga el mismo banco para no perjudicar con retrasos) y diversos motivos más, son excusa para retener el dinero que se debe. Según informan desde la Unión de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, cuando llama el interesado, o acude a las delegaciones provinciales para conocer el motivo por el que no le ingresan lo adeudado, éste recibe excusas tan peregrinas como: “no tenemos personal suficiente”, “no lo hemos grabado”, “hemos tenido un problema informático”, o “hemos cambiado el programa”.

Al mismo tiempo, la presión que recibe el trabajador del campo por parte de la Administración mediante inspecciones, bien sobre el terreno o de papeles, hacen insoportable la actividad.

Denuncian desde la organización agraria que, si no se dispone de personal, que se acometa únicamente el número de inspecciones o revisiones de las que sean capaces desde la Administración. El problema se incrementa cuando la Administración regional subcontrata a una empresa privada (GEACAM) para realizar inspecciones, que solo un funcionario tiene competencia para llevar a cabo. Esto provoca un cuello de botella a que el número de inspecciones y expedientes revisados supera con creces la capacidad de los funcionarios para tramitarlos, además de ser algo ilegal, como ha establecido la jurisprudencia del
Tribunal Supremo declarando nulas de pleno derecho todas las inspecciones y trámites administrativos realizados por personal de una empresa.

Los pagos se retrasan hasta fecha desconocida, llegando en algunos casos a dilatarse cuatro o cinco años. El campesino en estas circunstancias tiene que buscar financiación a través de los bancos para superar el quebranto financiero que le causa la Administración regional. Esto provoca que un sector que ya está en la cuerda floja cuando todo va bien, al no recibir los pagos en la fecha establecida, se endeude, y entre en una espiral de pérdidas económicas. Funcionarios y políticos cobran religiosamente a fin de mes, ¿Por qué ocurre esto?

Es justo, alguien que trabaja debe recibir una compensación económica de modo regular porque ese es su modo de vida, y se le adeuda a cambio de su trabajo. Parece ser, que tanto la Administración, como el funcionario, han olvidado que los agricultores son personas como ellos, y que necesitan su dinero para poder vivir ¿Cómo se sentiría un funcionario o un político si no cobrase durante meses y ni siquiera supiese cuando va a recibir el dinero que le deben?

Pues así se siente un agricultor. Es agravado el problema porque no solo necesita ese dinero para vivir él, y los suyos, sino porque suele tener empleados y debe pagar los insumos que adquirió para el normal funcionamiento de su explotación.

Un agricultor o un ganadero realizan todos los trámites tal y como está establecido por la propia Administración, se encuentra de que no le sirve de nada. Aun estando perfecto todo su expediente, el dinero sigue sin llegarle por los motivos antes dichos, o por cualquier otro. Así, lo único que se consigue es que la gente huya de este sector, los jóvenes no se ven animados a incorporarse como agricultores o ganaderos, pues conocen los problemas de los que ya están dentro. Y los que están dentro muchas veces se ven obligados a buscarse otro modo de vida porque la situación económica se vuelve insoportable. Todo por culpa de nuestros políticos y de la Administración.

¿Dónde está ese dinero mientras no se paga? ¿Tapando agujeros de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, pagando deudas creadas por la mala administración, usándose para devolver a Bruselas el dinero del PDR mal ejecutado? No lo se puede saber, pero mientras no se pague religiosamente la sospecha es libre.

Este problema se agrava porque son pocas las voces que claman por una solución, las organizaciones agrarias más representativas, elegidas por la propia Administración como interlocutores de los agricultores y ganaderos, que tienen otorgado el deber de la defensa del sector callan y consienten.