REDACCION | Sábado 01 de abril de 2023
Según publica este sábado LIBERTAD DIGITAL, en su afán por desacreditar la querella presentada por más de 3.000 agricultores de Castilla-La Mancha que denunciaban una presunta malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos y estatales, el Gobierno presidido por Emiliano García-Page no ha dejado de repetir hasta la saciedad que dicha querella está inadmitida. Sin embargo, la realidad es que, tal y como ha venido reiterando Libertad Digital, el juez todavía no ha dicho la última palabra sobre un caso que salpica de lleno al expresidente José María Barreda, pero también a numerosos de sus consejeros, entre ellos el actual número 2 de García-Page, que también se encuentra entre los querellados.
Ante la campaña de desprestigio orquestada por el Ejecutivo regional, la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos ha decidido publicar este sábado las pruebas que demuestran que los socialistas mienten. Así, a través de sus redes sociales, los agricultores han difundido la providencia del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de Madrid, en la que, con fecha 10 de marzo, éste da por recibido el recurso de reforma presentado por el procurador que les representa. En ella, la magistrada María Tardón Olmos certifica que el escrito en cuestión se ha recibido "en tiempo y forma" y da traslado al Ministerio Fiscal para que alegue "lo que estimen conveniente".
"A fecha de hoy, no hemos recibido ninguna notificación por parte de la Sra. Magistrada, estando a la espera de que se resuelva el recurso de reforma", subraya la CUAS Rus-Valdelobos, que, en todo caso, anuncia que, si la querella fuese nuevamente inadmitida, presentará "el correspondiente recurso de apelación". En este sentido, los agricultores subrayan, además, que "en ningún momento, ni la Sra. Magistrada ni los Fiscales han dicho que los hechos denunciados sean falsos", sino que únicamente se han inclinado por entender que, en todo caso, tendrían una relevancia contencioso-administrativa, quedando, por tanto, fuera del ámbito penal.
Junto a tales aclaraciones, los querellantes reprochan al PSOE de Castilla-La Mancha que haya utilizado "documentos judiciales sin registro de salida" para tratar de contrarrestar sus acusaciones, por lo que se preguntan "de dónde han salido".
Desde que el pasado martes Libertad Digital destapara la querella presentada por más de 3.000 agricultores de 29 provincias de Cuenca y Albacete, el nerviosismo se ha apoderado del Gobierno regional. Las palabras de García-Page ese mismo día, asegurando que en este asunto "no hay nada que rascar", chocan con su beligerante actitud frente a los agricultores y a aquellos partidos políticos que les han mostrado públicamente su apoyo, máxime después de que trascendiera que su propio vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, es uno de los querellados.
"De confirmarse y ser cierta esta presunta trama de corrupción y malversación de dinero público, estaríamos ante el mayor caso de corrupción de la democracia española, superando a los ERE de Andalucía", aseguraba el miércoles Lola Merino, portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales. La dirigente del PP afeaba así a García-Page que "se oculte detrás de la excusa de un supuesto ataque político a la puesta en marcha de la Tubería Manchega, cuando lo que tiene que hacer es aclarar cada uno de los hechos denunciados y dejarse de falsos debates".
El vicepresidente de Acción Política y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, aseguraba por su parte este viernes que solicitará a la Fiscalía europea que estudie la denuncia interpuesta por la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos y que, "en la medida de lo posible" se pondrá a su disposición para ayudarles en todo este asunto. En este sentido, Buxadé insiste en que es evidente que existe "un problema interno" en la Fiscalía, "con un fiscal jefe que apoya la continuidad del proceso criminal, y por otra parte, con los fiscales designados por el Gobierno central que están poniendo fin a esa acción por parte de los regantes". De ahí la necesidad de llegar hasta el final para aclarar lo sucedido.
El dirigente de Vox ha recordado, además, que la cuestión de los ERE "empezó en Andalucía con la misma historia. Un Gobierno socialista que decía no, esto es una mera cuestión administrativa, no tiene ningún problema, no hay implicaciones penales, y al final hemos acabado con la condena de dos presidentes socialistas en la Junta de Andalucía".
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