El objetivo del equipo de gobierno es impulsar la construcción de viviendas públicas en la ciudad: hasta 310, divididas en cuatro lotes y en colaboración público-privada
REDACCION | Martes 18 de julio de 2023
El Ayuntamiento de Guadalajara ha celebrado en la mañana de hoy una Junta de Gobierno extraordinaria y urgente con un único punto del orden del día, la aprobación del expediente de contratación patrimonial para el otorgamiento, mediante cesión del derecho de superficie en régimen de concurrencia, de cuatro parcelas propiedad del Ayuntamiento, para la construcción de cuatro bloques de viviendas para alquiler asequible.
En rueda de prensa, en la que han participado la alcaldesa, Ana Guarinos, y los concejales de Urbanismo y de Fondos Europeos, Alfonso Esteban y Santiago López, la alcaldesa ha señalado que, “el objetivo del equipo de gobierno es el de impulsar la construcción de viviendas públicas”, y que, con este acuerdo se da un paso decisivo para que las viviendas sociales sean una realidad lo antes posible.
La alcaldesa ha dicho que la contratación implica la promoción y construcción de 310 viviendas en régimen de colaboración público-privada, a través de la concesión de derechos de superficie, mediante licitación pública en régimen de concurrencia. “Se adjudica la promoción, construcción y posterior gestión de las viviendas, todo ello en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos de la Unión Europea.”
Se trata de cuatro lotes de viviendas protegidas, energéticamente eficientes y en régimen de alquiler asequible, ubicadas en Las Cañas y en el remate de Las Cañas. El primer lote estaría constituido por un máximo de 96 viviendas de alquiler en la avenida Concepción Arenal 63, en una parcela de 5.930,60 metros cuadrados. El segundo, con un máximo de 78 viviendas de alquiler, en la Calle Acebeda 3, con una superficie de 4.206 metros cuadrados. El tercer lote, también de 78 viviendas máximas, en la Calle Acebeda 9, en una parcela de 3.654 metros cuadrados. Y, el último lote, de 58 viviendas máximas, en la Avenida del Olivar 23, con una superficie de 3.370,75 metros cuadrados.
La cuantía máxima por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda al mes deberá oscilar entre 5,80 y 5,95 euros. Y en el caso de plaza de garaje, trastero o cualquier otra superficie adicional anexa a la vivienda, entre 1,15 y 1,30 euros al mes.
Con respecto al uso de las viviendas, Guarinos ha reseñado que “todas las viviendas son de uso residencial, destinadas a vivienda protegida en régimen de alquiler asequible, y que los ingresos de la unidad familiar del arrendatario han de ser inferiores a 5 veces el IPREM”, añadiendo que “el derecho de superficie se constituirá por plazo improrrogable de setenta y cinco años e implica la construcción, conservación, mantenimiento, gestión y explotación de los edificios. Una vez finalizado ese plazo, la propiedad revertirá al Ayuntamiento de Guadalajara”.
En lo que a plazos se refiere, las obras de edificación deberán estar finalizadas el 30 de junio de 2026.
La inversión total es cercana a los 41 millones de euros (40.943.229,18), estimándose la aportación del Ministerio a través de los Fondos Europeos de 14,3 millones (14.300.012,00, el 35,16%), debiendo aportar el resto el adjudicatario, es decir, un total de 26,6 millones (26.643.217,18 euros, el 65,02%), el adjudicatario.
Finalmente, la alcaldesa ha informado del plazo que tienen los interesados en participar en esta licitación, los cuales deberán presentar sus propuestas en el plazo de 60 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Anunciando que la disminución de la renta de alquiler aplicable y la reducción del plazo de finalización, puntuarán a favor. En el primer caso, se valorará con 0,50 puntos, cada céntimo de euro de baja sobre la cuantía máxima por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda al mes, con un máximo de 40 puntos. En el segundo, se valorará con 5 puntos por cada mes completo de reducción en el plazo de finalización, con un máximo de 3 meses.
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