REDACCION | Sábado 29 de julio de 2023
Las autoridades de Singapur han procedido este viernes con la ejecución de Saridewi Djamani, que estaba condenada a muerte por traficar con 30 gramos de heroína, convirtiéndose así en la primera mujer ejecutada en este país en casi 20 años. La mujer argumentó que se había abastecido de esa droga para sobrellevar el Ramadán, el mes de ayuno musulmán, y que era para consumo propio, pero el tribunal en el que fue juzgada no la creyó.
A pesar de las protestas de grupos de Derechos Humanos, la Oficina Central de Narcóticos (CNB) de Singapur ha anunciado la ejecución de la pena capital a la acusada, de 45 años, por haber violado la Ley sobre Uso Indebido de Drogas.
Esta ley prevé la pena de muerte si la cantidad traficada es superior a 15 gramos, por lo que a pesar de que la acusada apeló su sentencia, el tribunal desestimó su petición.
La oficina ha criticado además en un comunicado que Djamani ha traficado con más del doble de la cantidad marcada para ser sentenciada a muerte, "suficiente para alimentar la adicción de 370 personas durante una semana". Así, ha remarcado que la pena capital se utiliza "únicamente" para los delitos más graves, como el tráfico de cantidades significativas de drogas que causan daños muy graves, no solo a los toxicómanos individuales".
"La pena capital es parte de la estrategia integral de prevención de daños de Singapur que se dirige tanto a la demanda como a la oferta de drogas", indica la misiva del organismo.
Según grupos locales de Derechos Humanos, Djamani es la primera mujer ejecutada en Singapur desde 2004. Sin embargo, es la segunda persona ejecutada esta semana y la decimoquinta desde que el Gobierno reanudó las ejecuciones a principios de 2022.
En ese sentido, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció la "inhumanidad sin límites" de Singapur por esta ejecución.
"La inhumanidad de Singapur hacia las personas atrapadas en su draconiana ley antidrogas no tiene límites", afirmó en un comunicado Phil Robertson, subdirector en Asia de HRW, sobre la ejecución de Djamani, que fue condenada a la pena capital en julio de 2018.
Robertson afirmó que desde el levantamiento de las restricciones por la pandemia de covid-19, "el gobierno y los tribunales se han movido como una máquina, cada vez más rápido, para recuperar el tiempo perdido, aparentemente decididos a vaciar el corredor de la muerte lo más rápido posible".
"La ejecución de Saridewi Djamani, la primera mujer en décadas que va al patíbulo, muestra que nadie quedará a salvo del esfuerzo galopante para mostrar que el gobierno es duro contra las drogas", añadió Robertson.
La primera ejecución del año, en abril, despertó críticas especialmente por tratarse de un intento de tráfico de marihuana -cuyo consumo es legal en países vecino como Tailandia- y las dudas acerca del proceso judicial, pues el ejecutado y su entorno afirmaban que éste nunca había visto ni tocado la droga.
La próspera nación, con uno de los PIB per cápita más altos del planeta, contempla la pena de muerte para un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana y 15 gramos de heroína y emplea la horca como método de ejecución, en procedimientos altamente opacos.
Tras un parón de las ejecuciones durante dos años por la pandemia, Singapur batió récords el año pasado ahorcando en pocos meses a once presos, incluyendo un traficante de heroína con discapacidad intelectual. Este año ya van cuatro, elevando a quince el número de ejecutados.
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