REDACCION | Viernes 24 de noviembre de 2023
La Agencia Tributaria y la Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía Europea (EPPO) en España, han desarticulado una organización criminal con ramificaciones en América Latina en una investigación por un presunto fraude de IVA en el comercio de equipos informáticos estimado en más de 25 millones de euros, deteniendo a 24 personas y realizando esta semana 13 registros en Madrid, Guadalajara y Cádiz.
En los registros, para los que han participado más de 200 efectivos de la Agencia Tributaria y Policía Nacional, se han intervenido bienes por valor de más de 4,8 millones de euros, incluyendo numerosos inmuebles y vehículos en España y 135.000 euros en efectivo, además de abundante documentación, diversos dispositivos electrónicos y equipos informáticos, según ha comunicado este viernes la Policía.
También se han congelado centenares de cuentas bancarias en España, Bélgica, Lituania y Rumanía, y se han dictado órdenes de incautación y otras medidas de investigación en América Latina.
La investigación, calificada de compleja por la Policía, ha conducido a desmantelar una de las organizaciones criminales a las que se considera más activas en el fraude del IVA.
Tras dos años de pesquisas se ha descubierto que entre 2021 y 2023 los investigados crearon una compleja estructura societaria, compuesta por una multiplicidad de entidades en España, en otros Estados miembros de la UE y en América Latina, para canalizar adquisiciones intracomunitarias destinadas a la principal sociedad de los investigados, que actuaba como nodo de distribución.
COMPETENCIA DESLEAL
Para llevar a cabo el fraude, la organización se aprovechaba de la normativa europea sobre operaciones transfronterizas entre los Estados miembros, que están exentas de IVA.
Lo hacía a través de una cadena de sociedades ficticias --denominadas 'missing traders'-- que desaparecían sin cumplir con las obligaciones fiscales mientras que otras empresas de la trama reclamaban a Hacienda devoluciones de ese IVA que nunca se había llegado a ingresar en las arcas públicas.
Además del fraude fiscal, al no pagar el IVA sobre los bienes en ninguna etapa de la comercialización, la empresa principal pudo distribuir esos productos a precios muy inferiores al de mercado, lo que daba a la empresa una posición muy privilegiada, reforzando su facturación y llegando a expulsar del mercado a otros competidores.
Según la investigación, la estructura corporativa, nominalmente dirigida por testaferros, canalizó grandes sumas de ganancias ilícitas hacia la adquisición de inmuebles.
El principal investigado es una persona con numerosos antecedentes policiales y judiciales que en su domicilio tenía numerosos reptiles y especies exóticas, 85.0000 euros en efectivo y una colección de relojes de lujo, ha indicado la Policía.
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