El grupo municipal de Izquierda Unida ha redactado una moción para que sea debatida y a ser posible, aprobada por la mayoría de la Corporación en el próximo Pleno, instando a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a declarar al municipio "zona residencial tensionada" lo que permitiría limitar la subida del precio del alquiler.
Según ha declarado la portavoz del grupo y actual concejala del área de vivienda en el Gobierno de coalición, María José Pérez Salazar, con la última Ley de Vivienda que entró en vigor el 26 de mayo de 2023, se otorgaron competencias a las comunidades autónomas para declarar zonas de mercado residencial tensionado a las ciudades, municipios o ámbitos territoriales donde existe un riesgo importante o una oferta insuficiente de vivienda para la población. Para aclararlo un poco más, las zonas que se consideran tensionadas son las de aquellos municipios donde el precio del alquiler o la vivienda es muy elevado y las familias no se lo pueden permitir, sobre todo, si hay poca oferta de inmuebles disponibles. La administración de cada comunidad autónoma es la encargada de declarar estas zonas con el objetivo de centrar en esas áreas las medidas establecidas en la Ley.
La portavoz del grupo ha continuado afirmando que en la Ley de Vivienda quedan fijados los criterios con los que se calcula el esfuerzo económico que supone a las familias de esa zona acceder a la misma. Para ello, tan solo debería cumplir uno de los requisitos establecidos en la nueva ley, que no son otros que, por un lado, el coste medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, y, por otro, que el precio de compra o alquiler haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores.
El problema de acceso a la vivienda siempre ha sido una de nuestras principales reivindicaciones y continuaremos trabajando para abordarlo en el marco de nuestras competencias. Por eso, apostamos por el modelo de colaboración con la Junta de Comunidades que es quien tiene la competencia, para la promoción de vivienda pública en el municipio, el fomento de la puesta en alquiler de las viviendas vacías tanto de propietarios particulares como de entidades financieras, así como la cesión de inmuebles para su rehabilitación e inclusión en ese parque público de viviendas en alquiler, a los efectos de llevar a cabo políticas especiales que hagan la oferta local de viviendas más asequible.
Por último, la Concejala ha insistido en la prioridad que tiene su grupo y el Gobierno del que forma parte en promover políticas en materia de vivienda, puesto que es reconocido internacionalmente como uno de los derechos humanos básicos, y ante el grave problema de acceso a la misma, las instituciones deben adoptar una posición activa. Al mismo tiempo que ha recordado el trabajo que se lleva realizando, desde hace varios meses, en materia de ocupación en algunas zonas concretas para erradicar los problemas de convivencia originados, con el que se ha logrado cerrar numerosas viviendas vacías para evitar que fuesen nuevamente ocupadas, a la vez que desde el área de Servicios Sociales se siguen buscando alternativas habitacionales para las personas que aún ocupan y que necesitan ayuda.