LAS AGUAS BAJAN REVUELTAS EN EL PSOE/GOBIERNO : Armengol culpa al ministerio de Ábalos de las mascarillas ‘fake’: «Nos fiamos del Gobierno», Abalos pide que se expediente a Cerdán

La trama Koldo ha desatado la guerra interna en el PSOE. El caso de la compra de mascarillas defectuosas que implica al Gobierno de Baleares, presidido por la actual presidenta del Congreso Francina Armengol, ha elevado la tensión hasta límites pocas veces conocidos, entre las peticiones de dimisión por parte de la oposición. En el equipo de Armengol tratan de defenderse disparando a la cúpula del Ministerio de Transportes, dirigido entonces por José Luis Ábalos. Hasta el punto de declararse «víctimas» de un «engaño» al «fiarse» de un proveedor que venía avalado por este departamento. «Si lo dice Transportes, para nosotros tiene una fiabilidad muy alta», sostienen en el entorno de la ex presidenta balear. Eso sí, aclaran: «Ábalos no presiona al Gobierno de Baleares, jamás, no tiene esa capacidad».

En el entorno de Armengol sostienen que el proveedor «venía recomendado» por el departamento de Ábalos, «como ocurrió con otros organismos del Estado y con Canarias», aunque no aclaran ni cómo ni cuándo ni con quién se produjo ese primer contacto, que fue de tipo verbal. «Nos informaron de que venía un avión con cargamento y si estábamos interesados», sostienen esas fuentes. A partir de esa primera toma de contacto, y tras mostrar interés en la adquisición de las mascarillas, el intercambio se formalizó con Íñigo Rotaeche, único accionista de la empresa cuando se adjudicaron los contratos de la pandemia. Niegan, en cualquier caso, la relación con el asesor de Ábalos. «Koldo para nosotros no existe», aseguran.

Defectuosas
En plena pandemia, el Ejecutivo de Armengol adquirió un lote de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL, ahora investigada por el cobro de presuntas mordidas y para la que intermediaba Koldo García, ex asesor de Ábalos. El importe ascendió a 3,7 millones de euros. No obstante, unos meses después, se comprobó que el material no cumplía las condiciones de calidad exigidas -se asimilaban a mascarillas quirúrgicas y no FFP2, como era la intención de la compra- y las mascarillas quedaron guardadas como stock en un almacén. En 2023, poco antes de dejar el Gobierno al ser desalojado por el PP, el PSOE inició una reclamación a la empresa para recuperar parte del dinero abonado a Soluciones. Es decir, tres años después de confirmar que el material era defectuoso. Sostienen dichas fuentes que los «tiempos» administrativos «son largos» y que «durante la pandemia, las prioridades eran otras y no la reclamación».

Las mascarillas se remitieron al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) y el 8 de junio de 2020, el Servicio de Salud de Baleares recibió un informe que concluía que «ninguna» de las referencias analizadas cumplía «con los requisitos de una mascarilla FFP2», que era «el tipo ofrecido por la empresa».

Pese a ello, el Gobierno balear certificó, en agosto de 2020, que las mascarillas con defectos eran «satisfactorias» y que el envío de había producido «sin incidencias». Así lo acreditó en un documento, firmado el día 12 de ese mes, es decir, dos meses después de recibir el informe antes mencionado en el que advertía de su baja calidad. Ese certificado había sido requerido por la propia empresa, con vista a optar a posteriores concursos públicos.

«La empresa Soluciones de Gestión ha realizado suministros de manera satisfactoria, durante el año 2020 (…) sin tenerse conocimiento a fecha de hoy de ninguna incidencia», recogía ese aval, elaborado expresamente «para que surta efectos de participación en concursos públicos». Desde el PSOE balear defienden que se trata de un «certificado tipo» para dejar constancia de que «se había producido una transacción económica con la empresa», si bien Soluciones de Gestión se valió de dicho documento para acreditar su «solvencia» ante la administración.

El Partido Popular ha registrado este lunes un escrito en el Congreso de los Diputados en el que pide la dimisión de Armengol, a la que considera «presunta colaboradora necesaria de la estafa» del caso Koldo.

El PP también ha reclamado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones sobre la trama corrupta que afecta y cerca a su «partido, su Gobierno y su entorno más personal» y ha vuelto a acusar al jefe del Ejecutivo de conocer y tapar este caso.

Ábalos culpa a Santos Cerdán de filtrar sus datos personales y pide que se le abra expediente.-

José Luis Ábalos, hasta hace unos días diputado del PSOE, culpa al secretario de Organización de este partido, Santos Cerdán, de haber difundido sus datos personales a los medios de comunicación. El ex ministro de Transportes reclama que se abra un expediente de averiguación de los hechos para «determinar la eventual responsabilidad del Secretario de Organización, Santos Cerdán», según indica el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El ex secretario de Organización, al que su partido le exigió sin efecto que entregase su acta de diputado, considera que Cerdán ha podido cometer una falta «muy grave». Subraya además que el diputado navarro, que fue su persona de confianza y el que le presentó a Koldo García para que lo contratase, es la persona «obligada estatutariamente de velar por la protección de datos de los afiliados».

El Partido Socialista, tras la rueda de prensa de Ábalos en la que anunció que no entregaba su acta, distribuyó una primera versión de una resolución, firmada por Cerdán, en la que aparecían datos privados del ex ministro como el número del Documento Nacional de Identidad o la dirección de su domicilio. Minutos después, enviaron una corrección en la que ya no aparecía esa información.

Además de este señalamiento a Cerdán, el ex ministro socialista José Luis Ábalos también ha presentado alegaciones al expediente de expulsión que le ha abierto el PSOE. El que fuera número tres del partido ha presentado dos escritos para defenderse del proceso que ha abierto contra él la Ejecutiva Federal. Ábalos se queja de que el partido trasladó su decisión de abrirle expediente antes de que se cumpliese el plazo de 24 horas que le habían dado para que entregase su acta de diputado por «responsabilidad política» en el caso Koldo, que investiga presuntas mordidas en contratos de compra de material anticovid.
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