REDACCION | Martes 01 de octubre de 2024
El Gobierno PSOE/SUMAR vuelve a la carga con el Estatuto del Becario. El Ejecutivo llevará al Consejo de Ministros de este martes la consulta pública de la norma que está llamada a regular las condiciones de trabajo de los estudiantes en prácticas. Se trata de un primer paso para poner en marcha de una vez por todas la tramitación de una iniciativa cuyo contenido pactaron Trabajo y sindicatos hace ya más de un año.
La falta de consenso entre las dos alas del Ejecutivo había dejado esta medida paralizada en un cajón, pero el Gobierno se ha decidido por fin a arrancar la maquinaria legislativa. El texto que impulsará el Gobierno no incluye cambios de calado en el acuerdo original que firmaron el año pasado los sindicatos y el Ministerio de Trabajo que comanda Yolanda Díaz.
La idea es tramitar la norma como real decreto ley, que después deberá recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados. El Estatuto del Becario es la última pieza que falta por desarrollar de la reforma laboral impulsada por la vicepresidencia de Díaz.
El acuerdo firmado entre las dos partes, que no respaldan ni la patronal ni las universidades, regula, entre otras cuestiones, el número máximo de horas de prácticas curriculares que se pueden realizar; limita al 20% el porcentaje de becarios que puede haber respecto a la plantilla total y consagra nuevos derechos a los estudiantes en prácticas.
En lo tocante a las prácticas curriculares, el texto limita el número máximo de horas realizables a un 25% de los créditos que incluya el plan formativo. Para la inmensa mayoría de los grados (que suelen contar con 240 créditos) este porcentaje se traduce en un máximo de 1.500 horas (cada crédito equivale a 25 horas de estudio). En el caso de los másteres, la limitación se reduce a un rango entre 375 y 750 horas en función de si la titulación es a uno o dos años.
El marco para las prácticas que van más allá de lo obligatorio es todavía más estricto. La duración de las prácticas extracurriculares quedaría restringida a un 15% del coste horario en créditos y con un tope de 480 horas. Este punto ha sido uno de los más polémicos en el largo proceso de debate entre Trabajo, sindicatos y empresarios que ha acompañado al Estatuto del Becario. Los sindicatos eran partidarios a su eliminación, pues consideraban que fomentan el uso fraudulento de los becarios. En un borrador anterior, se establecía una moratoria de tres años, pero finalmente este apartado se acabó cayendo del acuerdo definitivo entre Trabajo y sindicatos.
Derechos adquiridos
Más allá de la regulación de las prácticas, el Estatuto del Becario consagra una serie de derechos para los trabajadores en prácticas. En concreto, establece que las empresas deberán compensar los gastos de desplazamiento, manutención o alojamiento en que incurran los estudiantes en prácticas durante el ejercicio de sus funciones. También prohíbe el trabajo nocturno, salvo que sea imprescindible por la naturaleza del oficio.
Además, se reconoce el derecho de los becarios a disfrutar de servicios de los que gozan los empleados que sí tienen relación laboral en las mismas condiciones que estos.
Eso sí, siempre y cuando las circunstancias de la empresa lo permitan. Hablamos de cuestiones como el acceso a las zonas de restauración, descanso o aparcamiento.
En todo caso, los estudiantes en prácticas no tendrán relación con la empresa ni se les garantiza el cobro de una ayuda económica. No obstante, los meses de prácticas sí que contarán como cotizados a la Seguridad Social, aunque no cobren. Un derecho que los estudiantes tienen reconocido desde enero de este año.
Asimismo, aunque la norma no considera que los estudiantes en prácticas sean trabajadores de pleno derecho, advierte que se puede presumir que existe relación laboral si la Inspección de Trabajo detecta que hay un becario que hace las funciones de un trabajador o que realiza un empleo que no se corresponde con su formación o competencias. Las infracciones para las empresas que incumplan con la normativa, si esta llega a ver la luz, oscilan entre los 70 euros para los incumplimientos más leves hasta los 225.018 euros en los casos más extremos
Aunque el texto sale ahora a consulta pública, la tramitación que le espera al Estatuto del Becario no será sencilla. Transcurrida esta fase, el proyecto debe volver al Consejo de Ministros para ser aprobado en segunda vuelta. Después saltará al Congreso, donde el delicado equilibrio de apoyos parlamentarios al Gobierno no garantiza que vaya a salir adelante. Máxime cuando se trata de un acuerdo que solo se ha negociado con los sindicatos y que no goza del beneplácito de la patronal ni de los rectores universitarios.
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