El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de siete años y medio de prisión a once acusados, incluidos un guardia civil y dos policías nacionales, por introducir 367 kilos de cocaína procedente de Colombia en España. La sentencia, que desestima los recursos de apelación, considera que todos los implicados desempeñaron roles equivalentes en el tráfico de drogas. La operación fue detectada tras una investigación conjunta con la Fiscalía Nacional de Colombia, que alertó sobre el envío oculto en un contenedor declarado con mercancía legal. Los agentes incautaron la droga tras seguir a los acusados durante su traslado. El TSJA destaca la gravedad del delito y rechaza las alegaciones de los condenados sobre su desconocimiento del contenido ilícito del contenedor.
La Sección de Apelación Penal de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia emitida por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que impuso una condena de siete años y seis meses de prisión a once individuos. Estos fueron hallados culpables de introducir en España un total de 367 kilogramos de cocaína proveniente de Colombia, ocultos en un contenedor. Entre los condenados se encuentran un guardia civil y dos policías nacionales.
En el fallo, datado el 4 de diciembre, el TSJA desestima los recursos de apelación interpuestos por los acusados contra la decisión anterior. De los once implicados, siete se encuentran en prisión provisional desde el 15 de septiembre de 2022. Todos ellos fueron considerados responsables por un delito contra la salud pública relacionado con el tráfico de drogas que causan grave daño a la salud. La sentencia incluyó una multa de 45 millones de euros. Durante el juicio, la Fiscalía había solicitado una pena mayor, proponiendo ocho años de cárcel junto con la misma multa.
Los magistrados establecieron que, en el contexto de una investigación liderada por la Fiscalía Nacional de Colombia, se detectó un posible envío ilícito hacia España. Esto llevó a solicitar cooperación internacional a la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, que inició las diligencias correspondientes y autorizó el seguimiento del envío. Este último fue programado para realizarse el 19 de agosto de 2022 desde un puerto colombiano hacia Málaga, utilizando un contenedor que transportaba mercancía legalmente declarada como piñas. El buque llegó al puerto malagueño el 7 de septiembre.
El 9 de septiembre, agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y Policía Nacional inspeccionaron el contenedor descargado en el puerto. Aunque inicialmente no encontraron nada sospechoso durante una revisión visual ni detectaron droga mediante unidades caninas, posteriormente un escáner indicó posibles objetos ocultos dentro del suelo del contenedor. Al realizar pruebas adicionales, se descubrió un polvo blanco que resultó ser cocaína.
Posteriormente, se volvió a colocar la carga dentro del contenedor y se mantuvo bajo vigilancia hasta su recogida. El tribunal subraya que el envío había sido acordado previamente entre los acusados o con terceros no identificados encargados del manejo y recepción del estupefaciente.
El 14 de septiembre a las 9:30 horas, uno de los investigados condujo un camión al puerto para recoger el contenedor. Este movimiento fue seguido discretamente por agentes encubiertos. Durante una parada en un área de servicio, dos policías condenados y otro acusado realizaron labores para controlar la situación mientras el camión continuaba su ruta hacia Dos Hermanas.
Finalmente, tras descargar la mercancía legal en una nave en Dos Hermanas, ambos vehículos involucrados accedieron a otra nave en Carrión de los Céspedes donde se almacenó todo el contenedor. Ante el riesgo inminente de ocultación o desaparición del narcótico, los agentes intervinieron rápidamente y arrestaron a todos los presentes.
Las autoridades incautaron 367.806 gramos de cocaína con una pureza media del 79%, cuyo valor en el mercado negro asciende a más de 14 millones euros al por mayor.
A pesar de las solicitudes defensivas para absolver a sus clientes o reducir las penas alegando roles menos relevantes en la operación criminal, el TSJA rechazó todas las peticiones. El tribunal determinó que todos los acusados desempeñaron papeles igualmente significativos en esta organización criminal dedicada al tráfico ilícito.
La sentencia también destaca que la cantidad incautada excede ampliamente los límites establecidos para considerar un delito como "de notoria importancia". Los jueces enfatizaron cómo se utilizó un medio marítimo para llevar a cabo este tráfico ilegal y cómo hubo coordinación meticulosa entre los implicados.
A pesar de las afirmaciones realizadas por los dos policías sobre haber creído que transportaban mercancías relacionadas con criptomonedas, el TSJA calificó estas explicaciones como poco creíbles. Uno incluso argumentó haber sido engañado por alguien conocido; sin embargo, esto no convenció al tribunal dada su experiencia profesional como funcionarios policiales.
Además, se reveló que uno de los detenidos era un guardia civil cuyo teléfono estaba vinculado con contactos implicados en esta operación ilegal. Esto refuerza aún más las conexiones entre todos los acusados y su participación activa en este delito grave.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 367 kg | Cantidad total de cocaína introducida en España |
| 7 años y 6 meses | Pena de cárcel impuesta a los condenados |
| 45 millones de euros | Multa impuesta a los condenados |
| 14.453.031,88 euros | Valor en el mercado ilícito de la cocaína incautada (venta al por mayor) |
El TSJ de Andalucía confirmó una condena de siete años y seis meses de cárcel para once acusados, incluyendo un guardia civil y dos policías, por introducir en España 367 kilos de cocaína procedente de Colombia.
Los acusados fueron considerados responsables de un delito consumado contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud.
La Fiscalía Nacional de Colombia detectó un posible envío de cocaína a España, lo que llevó a una cooperación internacional y a la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional en España.
Tras una inspección inicial sin hallazgos, un escáner indicó ocultación en el suelo del contenedor, donde se encontró polvo blanco que dio positivo a cocaína.
Los dos policías realizaron labores de escolta y contravigilancia durante el traslado del camión con el contenedor, aunque alegaron que creían que transportaban mercancías relacionadas con criptomonedas.
El TSJA consideró que las coartadas no eran verosímiles y que los acusados actuaron con conocimiento del ilícito, rechazando sus alegaciones sobre haber sido engañados.