UGT Servicios Públicos y el Área Pública de CCOO han firmado un acuerdo con el Gobierno que devuelve al personal funcionario —incluido el perteneciente al Régimen de Clases Pasivas— y estatutario el derecho a la jubilación parcial, un avance que equipara a estos colectivos con el resto de los trabajadores y trabajadoras en España, que ya disfrutaban de este derecho.
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Julio Lacuerda, secretario general de UGT Servicios Públicos, y Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública de CCOO, han firmado este acuerdo que concreta el derecho del funcionariado -incluido el perteneciente al Régimen de Clases Pasivas del Estado- y del personal estatutario de acogerse a la jubilación parcial anticipada.
La firma llega después de dos años de trabajo de las reuniones de seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado por UGT Servicios Públicos y CCOO en 2022. Este pacto incluía, entre otras medidas, la recuperación de este derecho, que se eliminó del Estatuto Básico del Empleado Público con los recortes que practicó el Gobierno del PP en 2012.
Un acuerdo clave para rejuvenecer las plantillas, disminuir la precariedad y restituir derechos de los trabajadores y trabajadoras de las Administraciones
Hasta ahora, el personal funcionario y estatutario era el único colectivo de personas trabajadoras en España que no podía acceder a la jubilación parcial, a pesar de cotizar igual que el resto. Este acuerdo corrige una injusticia histórica, derivada de los recortes aprobados en 2012 por el Gobierno del Partido Popular, y amplía las opciones de jubilación de estos trabajadores y trabajadoras, que ahora podrán decidir cómo desvincularse de la Administración Pública en función de su edad y de sus circunstancias personales.
Además, el acuerdo supone un paso adelante para lograr una Administración preparada para los nuevos desafíos, pues impulsa el relevo generacional, permitiendo la entrada de personal joven en empleos públicos estables y de calidad y, al tiempo, valora la experiencia de los trabajadores y trabajadoras mayores, quienes podrán transmitir sus conocimientos al personal relevista que les sustituya.
Un aspecto destacado del acuerdo es que el o la relevista que sustituya a quien se jubile parcialmente será siempre personal funcionario de carrera o estatutario fijo. Las plazas necesarias para cubrir las jubilaciones parciales estarán garantizadas en las Ofertas de Empleo Público del mismo año. Este aspecto ayudará a reducir la precariedad en las Administraciones y evitará que se generen nuevas bolsas de temporalidad injustificadas.
Para quién es este acuerdoEl acuerdo afecta a las y los funcionarios de todas las Administraciones Públicas (Régimen General de la Seguridad Social y Clases Pasivas) y al personal estatutario de los Servicios Públicos de Salud. El personal laboral de las Administraciones Públicas no se incluye en este acuerdo porque ya podía acogerse a la jubilación parcial, siempre que estuviera negociada en su convenio colectivo.
¿Cuándo será una realidad?El personal funcionario y estatutario no podrá acogerse de manera inmediata a la jubilación parcial, pues es necesario modificar varias leyes clave antes de que pueda hacerse efectivo el acuerdo. El compromiso con el Gobierno es que estas reformas se tramiten “a la mayor brevedad” posible, según recoge literalmente el texto firmado por el Ejecutivo y las dos organizaciones sindicales.
Las leyes que cambiarán son:
- El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), añadiendo una disposición específica sobre jubilación parcial.
- La Ley General de la Seguridad Social, que regulará la edad, cotización y reducción de jornada.
- La Ley de Clases Pasivas, que también requiere ajustes para incluir esta modalidad de jubilación.
Para UGT y CCOO este compromiso evidencia que el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI continúa mejorando los derechos de las empleadas y empleados públicos, si bien consideramos imprescindible abrir la negociación sobre un nuevo acuerdo plurianual en materia de derechos, empleo y retribuciones de las empleadas y empleados públicos que garantice la estabilidad en el Sector Público. También demandamos específicamente un compromiso en materia salarial con una subida significativa que permita recuperar el poder adquisitivo desde el 2012.