La Audiencia Provincial de Balears ha condenado al empresario V.T.M., propietario de Cárnicas Vicente, a un año y once meses de prisión por vender carne en mal estado, constituyendo un delito contra la salud pública. Además, se le impone una inhabilitación especial para ejercer actividades relacionadas con el comercio de alimentos durante cuatro años. La sentencia también incluye una multa de dieciocho meses a Productos Cárnicos Mallorca 2011 S.L. y la obligación de pagar 120.000 euros por la destrucción de mercancía y 80.835 euros a Instal·laciones Frigorífiques Balears S.L. por almacenamiento. Los magistrados destacaron las deficientes condiciones higiénicas en las instalaciones y el uso de productos caducados, lo que pone en riesgo la salud del consumidor. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Balears ha emitido una sentencia condenatoria contra V.T.M., propietario de Cárnicas Vicente, por comercializar carne en mal estado. El Tribunal lo ha declarado culpable de un delito contra la salud pública, imponiéndole una pena de un año y once meses de prisión, además de la inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión relacionada con el comercio de alimentos durante cuatro años. Asimismo, se ha sancionado a Productos Cárnicos Mallorca 2011 S.L. con una multa de dieciocho meses, fijada en dieciocho euros diarios.
Además, el empresario deberá reembolsar a la Conselleria de Salut del Govern balear un total de 120.000 euros, correspondiente a los costos de destrucción de la mercancía. También está obligado a pagar a Instal·laciones Frigorífiques Balears S.L. las facturas pendientes que suman 80.835 euros, por el almacenamiento del género.
El Tribunal ha absuelto a M.B.R., quien había sido designado como representante legal de la empresa, argumentando que este no tenía autoridad para decidir sobre las operaciones comerciales.
Los magistrados subrayan que el dueño de Cárnicas Vicente tenía la responsabilidad de evitar prácticas que pudieran comprometer la salud del consumidor. En sus declaraciones, los trabajadores coincidieron en señalar que existían serias deficiencias en higiene: “había poca limpieza, se re-etiquetaban productos caducados retirando etiquetas con estropajo, y la cámara congeladora estaba desordenada y era difícilmente accesible”. Además, mencionaron que algunos productos descongelados eran vendidos como frescos.
A través de las pruebas presentadas y las fotografías tomadas por los inspectores, el Tribunal constató una alarmante falta de higiene en las instalaciones. Los empleados no usaban uniformes adecuados, no se controlaba correctamente la temperatura en las áreas de trabajo y existía una notable carencia en trazabilidad y eliminación adecuada de etiquetas. La sentencia destaca que se encontraron productos caducados con fechas que superaban entre dos a cuatro años, los cuales seguían siendo parte del inventario sin justificación aparente.
Es importante señalar que esta sentencia no es definitiva; existe la posibilidad de presentar un recurso ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.
Cifra | Descripción |
---|---|
1 año y 11 meses | Pena de prisión impuesta al empresario |
4 años | Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión relacionada con el comercio de alimentos |
120,000 euros | Cantidad a pagar por la destrucción de la mercancía |
80,835 euros | Total de facturas no pagadas por almacenamiento del género |
18 meses | Pena de multa impuesta a Productos Cárnicos Mallorca 2011 S.L. |
18 euros/día | Cantidad diaria de la multa impuesta a Productos Cárnicos Mallorca 2011 S.L. |
V.T.M., el dueño de Cárnicas Vicente, fue condenado por la Audiencia Provincial de Balears.
El Tribunal le condenó a un año y once meses de prisión, además de inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones relacionadas con el comercio de alimentos durante cuatro años.
La empresa recibió una pena de dieciocho meses multa a razón de dieciocho euros al día.
El empresario deberá pagar 120.000 euros por la destrucción de la mercancía ordenada por la Conselleria de Salut del Govern balear.
Se encontraron falta de higiene, re-etiquetado de productos caducados, desorden en la cámara congeladora y venta de producto descongelado como fresco.
No, la sentencia no es firme y cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.