Miércoles 22 de octubre de 2014
El pasado día miércoles, 27 de octubre, se presentaba en la Sala Penal del Tribunal Supremo la segunda querella contra José Bono, actual presidente del Congreso de los Diputados, por un posible delito de cohecho.
La denuncia presentada por la Asociación Ciudadanía Anticorrupción recoge, además, la posibilidad de que el presidente del Congreso de los Diputados pudiera haber cometido otros cuatro delitos, derivados de su relación con el constructor y promotor inmobiliario Rafael Santamaría, propietario de la empresa Reyal Urbis: prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento público y fraude en la obtención de subvenciones.
Los hechos en que se basa la querella vienen derivados de “la permuta de un piso propiedad de la familia Bono, ubicado en Madrid, y con más de 30 años de antigüedad, por dos áticos unidos y de obra nueva situados en una urbanización de lujo en Málaga, propiedad de Reyal Urbis. Su valor de mercado alcanzó la cantidad de 1.400.000 euros”. El contenido de esta segunda querella es bastante más amplio que el de la primera, presentada contra José Bono la semana pasada por parte de la Asociación
Preeminencia del Derecho, por la presunta comisión de un “posible delito de cohecho propio por un importe de 7.669 euros en concepto de decoración en la casa que José Bono tiene en Olías del Rey”.◆
Noticias relacionadas