14 de Noviembre, parar todo para ganar el futuro

Las medidas políticas que se llevan tomando desde el año 2008 hasta ahora solo se pueden parar si la sociedad se moviliza contra quienes gobiernan contra su pueblo, contra los ciudadanos a quienes deberían defender del acoso y de los intereses de los mercados.

Se está produciendo el mayor trasvase de rentas del trabajo al capital de los últimos treinta años. Los recortes en Sanidad, Educación, Dependencia, pensiones y otros servicios públicos tienen como objetivo desviar los recursos de estos a pagar los agujeros de la banca (89.000 millones de euros en 2010, el 99% de las subvenciones públicas) y las grandes corporaciones que nunca pierden, que están acostumbrados al chollo que supone que de forma sistemática se privaticen los beneficios y se socialicen las pérdidas. Por otra parte el deterioro de lo público va a ser la excusa perfecta para privatizar unos servicios públicos que se van a convertir en un negocio, en manos de los mismos que han provocado esta situación.

Se está produciendo un deterioro brutal en las condiciones laborales de los trabajadores. Un deterioro que supone un empobrecimiento salvaje que a su vez está influyendo negativamente en el consumo, lo que está perjudicando de forma clara a las pequeñas empresas y autónomos que debido a ello tienen que cerrar sus negocios y pasar a formar parte de esa población empobrecida.

Se está produciendo una involución democrática sin precedentes. Los Parlamentos, instituciones que representan la soberanía popular, no toman las decisiones, las toman los mercados, las toman aquellos que se representan a sí mismos y a sus intereses y las toman en función de sus propios intereses. Por otra parte, hay un acoso más que evidente a los derechos constitucionales de manifestación, reunión, huelga, etc. Mediante la criminalización del movimiento y el amedrentamiento de la gente que acude a las movilizaciones se pretende frenar como sea la movilización social. Otra idea que se trata de inculcar en la conciencia colectiva es que la democracia es cara. Decisiones como la que se va a tomar en el Parlamento Regional de quitar el sueldo a los diputados (1,5 millones de euros) al mismo tiempo que se relaja el régimen de incompatibilidades de estos, va a dar como resultado que los grupos de presión van a tener una mayor influencia en las decisiones política y que solo los ricos (o los mejores situados) van a tener la posibilidad de ser diputados y diputadas. Mientras tanto, el Gobierno Regional se gasta 68 millones de euros en asesores. Además, la reducción del número de diputados (después de aumentarlos al inicio de la legislatura) denota que de lo que se trata es de desviar el debate a lo menos importante. Con esta decisión se consolida el bipartidismo y se reduce la pluralidad, porque las opciones minoritarias tendrán muy difícil entrar en los parlamentos.

También en el plano de la involución democrática hay que destacar la ruptura del pacto constitucional. En primer lugar lo rompieron el PSOE y el PP cuando en el año 2011 modificaron el artículo 135 de la Constitución para elevar a este rango que el pago de la deuda es prioritario frente a cualquier otro y, en segundo lugar, lo han roto los mercados. La Constitución no fue fruto únicamente del consenso de las fuerzas políticas, sino también un consenso social: los trabajadores veían reconocido su derecho al trabajo digno , a la vivienda, a la protección social, a la Sanidad, a la Educación, a cambio de consolidar los privilegios de los poderosos. Este consenso lo han roto estos. Las sucesivas reformas laborales, los recortes en los Servicios Públicos básicos, que garantizan la educación, la salud y el bienestar social de los trabajadores, son la materialización de esta ruptura del pacto constitucional por su parte, lo que, a nuestro juicio, deja a los afectados y afectadas manos libres para no reducir los objetivos a los límites constitucionales.

Por tanto, con ser la situación económica y el empobrecimiento de la población la consecuencia de las medidas de ajuste duro, recortes y los cambios en la legislación que perjudican a los trabadores la cuestión más importante, son también las medidas políticas dirigidas a restringir las libertades y a que fuerzas políticas que apuestan por otro modelo no estén en los parlamentos el objetivo de “las reformas” que se están llevando a cabo.

Todas las medidas que se han tomado hasta ahora son medidas de carácter político. Se podían haber tomado otras, pero se ha optado por favorecer a los poderosos frente a la gran mayoría social. La respuesta tiene que ser política. La huelga general del 14 N tiene ese carácter más que ninguna otra hasta la fecha, no lo vamos a negar. No solo se trata de que los trabajadores no vayan a trabajar, se trata de que los pequeños empresarios y autónomos no abran sus negocios, se trata también de no consumir, de no ir a clase de no usar los servicios públicos. Se trata de parar todo para ganar el futuro.