El PSOE recurre al Constitucional para que “no haya una justicia para ricos y otra para pobres”

Valerio ha resumido las motivaciones del recurso en que “la Ley de Tasas Judiciales del PP atenta contra los principios constitucionales de igualdad y de derecho a la tutela judicial efectiva” y, en consecuencia, “va a crear una justicia accesible a los ricos e inaccesible para los más desfavorecidos y las clases medias, y esto es lo que quiere evitar el PSOE”.

La Ley de Tasas Judiciales, que el Gobierno del PP ha tramitado a toda prisa y sin contar con nadie, se publica hoy en el BOE y entrará en vigor mañana, 22 de noviembre. Esta nueva norma incrementa las tasas por emprender procedimientos judiciales entre un 33% y un 167%, y obliga a pagarlas a las personas físicas, algo que no ocurría en la Ley vigente que únicamente establecía tasas a empresas con un volumen de negocio superior a 6 millones de euros. Además, por primera vez se imponen tasas a los procesos judiciales de lo Social.

“Todo esto tiene una finalidad obstructiva, de impedir el acceso a la Justicia a los ciudadanos que no pueden pagar estas tasas tan brutales, y eso es inconstitucional”, ha insistido Magdalena Valerio, quien ha señalado que “el PP introduce unas tasas desproporcionadas que no van a mejorar la eficiencia de la Administración de Justicia y van a provocar que los despachos de abogados pierdan, como mínimo, el 50% de su trabajo”.

Recurrir una multa de tráfico de 100 euros tendrá una tasa judicial de 200.

La parlamentaria socialista ha subrayado que “la Ley de Tasas Judiciales afecta a toda la ciudadanía, porque prácticamente todas las personas en algún momento de su vida tienen que acudir a los juzgados” y ha ofrecido algunos ejemplos prácticos de los efectos que va a tener. Así, para recurrir una sanción de tráfico de 100 euros, habrá que pagar una tasa judicial de 200 euros.

Valerio también ha expuesto varios casos reales. Por ejemplo, una sentencia del Tribunal Supremo del año 2002 que dio la razón a unos padres en una demanda de 600.000 euros por una negligencia médica en el parto que causó graves daños cerebrales a su hija. En aquel momento no tuvieron que pagar nada, pero a partir de la entrada en vigor de la Ley de Tasas Judiciales de Rajoy, estos padres habrían tenido que pagar 11.300 euros en total antes de conseguir la sentencia favorable a su demanda.

En el caso de una persona que queda tetrapléjica en un accidente de tráfico y reclama a las compañías aseguradoras una indemnización de 1,3 millones de euros, interponer la primera demanda ya le costaría 6.050 euros. Si el caso sigue en apelación y finalmente llega al Supremo, el desembolso total para esta persona tetrapléjica llegaría hasta los 19.550 euros antes de conocer la sentencia firme del procedimiento.

La justicia gratuita en Guadalajara no necesita esta Ley para financiarse.

Valerio ha desvelado también datos relativos a Guadalajara y a Castilla-La Mancha que demuestran que “la afirmación del Gobierno de Rajoy de que esta Ley de Tasas tiene la finalidad de financiar la justicia gratuita es falsa”.

Según estos datos, en el año 2009, último ejercicio del que constan estudios fidedignos, el coste de la justicia gratuita en Guadalajara ascendió a aproximadamente 650.000 euros y en el conjunto de la región, a 5,7 millones de euros. Ese mismo año, el Estado ingresó en nuestra región con las tasas judiciales vigentes, unos 6 millones de euros, cantidad superior y más que suficiente para financiar la justicia gratuita en Castilla-La Mancha y en Guadalajara.

Además, el Estado tiene otros ingresos provenientes del departamento de Justicia por los intereses de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones. En el mismo año 2009, el Estado recaudó por este concepto 106 millones de euros, de los que 4 millones correspondían a Castilla-La Mancha y 480.000 euros a Guadalajara.

“En realidad, la nueva Ley de Tasas Judiciales de Rajoy implica un aumento del coste del litigio, que a su vez provocará una significativa reducción del número de pleitos y, por tanto, una caída de la recaudación esperada por el Gobierno”, ha concluido Valerio.