El Grupo de Defensa del Patrimonio Histórico de Guadalajara pide a la Junta que el Estado expropie el Monasterio de Bonaval

Llevamos muchos años pidiendo un plan de conservación y restauración para el monasterio, así como enviando escritos y recogiendo firmas en papel, a la Junta de Castilla-La Mancha. Hace unos meses iniciamos una recogida de firmas en el portal change.org, de la cual van más de 1.000 (http://www.change.org/es/peticiones/consejer%C3%ADa-de-educaci%C3%B3n-cultura-y-deportes-de-castilla-la-mancha-por-la-reconstrucci%C3%B3n-del-monasterio-en-ruinas-de-bonaval-guadalajara-2). Recientemente también ha nacido la Plataforma Salvar Bonaval, de la cual formamos parte, con muchas personas y asociaciones preocupadas por esta cuestión. Su estado de ruina es lamentable y urgente.

Consideramos que el monasterio se encuentra en una situación de bien mostrenco y teniendo en cuenta su título como Bien de Interés Cultural, consideramos que es el Estado el que debe reclamar Bonaval.

A efectos de la nueva Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, la Junta de Castilla-La Mancha debe dar una respuesta acorde a su responsabilidad, expresada en su artículo 3. El artículo 23 expresa el deber de conservación y uso ("Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha están obligados a conservarlos, cuidarlos y protegerlos adecuadamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, deterioro o destrucción"). Este deber de conservación y uso se está incumpliendo sistemáticamente desde hace décadas. Los propietarios, en su condición de responsables de la gestión y cuidado de Santa María de Bonaval, evadieron dicha responsabilidad. Pero hoy en día, y ante la ausencia de particulares entendemos, como reflejo de la Ley, que debe entonces pasar al Estado este deber de conservación y uso.

Por lo tanto, en nuestra solicitud pedimos la expropiación forzosa del monasterio de Santa María de Bonaval por parte del Estado, y que tras esta expropiación se apuntalen sus ruinas (con proyecto posterior a largo plazo de restauración) para que no vuelvan producirse más derrumbes y al menos, lo que queda de monasterio, se vaya conservando.

Solicitamos esto en virtud de nuestro deber, el de todos, y el de los poderes públicos en concreto, de velar por un patrimonio histórico y cultural sano, que, como bien recalca la Exposición de motivos de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, se consiga que las “generaciones venideras y el disfrute por la actual generación” de nuestro patrimonio histórico-artístico sea real.

Solicitamos esto amparados en la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, en Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.