El PSOE recurre contra el megacontrato de 270 millones de euros que Román quiere adjudicar a una empresa
Pide la anulación total del procedimiento y, en tanto se resuelve, la suspensión cautelar de la fase de licitación
Por
REDACCION
x
redaccionguadanewses/9/9/19
miércoles 22 de octubre de 2014, 11:14h
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales contra el procedimiento abierto por Román para adjudicar un megacontrato municipal de 270 millones de euros y 20 años de duración a una sola empresa que se haría cargo de 11 servicios municipales absolutamente dispares entre sí. SIGUE
El recurso del Grupo Socialista pide la nulidad total de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que rigen la adjudicación de dicho megacontrato y, en tanto se resuelve el fondo del asunto, la suspensión cautelar del procedimiento, que actualmente se encuentra en fase de presentación de ofertas por parte de las empresas. El Tribunal Administrativo Central tiene un plazo de cinco días hábiles para decidir si se aplica la suspensión cautelar del procedimiento, mientras que la resolución sobre la nulidad podría adoptarse en un plazo aproximado de entre uno y dos meses.
Vulneración de leyes para hacer un “traje a medida” de una gran empresa.
La portavoz municipal socialista, Magdalena Valerio, ha explicado los cuatro argumentos jurídicos principales en los que se fundamenta el recurso administrativo presentado por el PSOE. En primer lugar, el Grupo Socialista sostiene que el megacontrato que Román pretende adjudicar a una sola empresa vulnera claramente el artículo 25 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que únicamente permite agrupar en un contrato prestaciones complementarias o directamente vinculadas entre sí. “¿Qué tiene que ver la recogida de basuras con el alumbrado público, el mantenimiento de semáforos o el alquiler de bicicletas, que son algunos de los servicios que Román quiere unir en este megacontrato?”, ha preguntado a este respecto Magdalena Valerio.
El segundo argumento del recurso es que “Román ha forzado la normativa para adjudicar un contrato de 20 años de duración con condiciones que, según la ley, solo pueden aplicarse a contratos de 4 años”, ha expuesto Valerio. Según ha explicado, la normativa exige que los contratos de servicios públicos de más de 4 años conlleven la asunción de riesgos por parte de la empresa adjudicataria, pero en este caso “Román quiere adjudicar el mega contrato de 20 años a una sola empresa garantizándole unos ingresos fijos sin que la adjudicataria asuma ningún riesgo”.
En tercer lugar, el Grupo Socialista trata de desmontar la etiqueta de proyecto de ciudad inteligente con la que Román ha querido justificar “el traje a medida que está preparando para alguna gran empresa de este país”. La portavoz del PSOE ha subrayado que “una ciudad inteligente es aquella que cuenta con los ciudadanos y aprovecha la especialización de las empresas para prestar un mejor servicio público, no la que adjudica 11 servicios completamente dispares a una sola empresa por 20 años”.
Por último, el recurso contra el megacontrato de Román argumenta que incumple la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Economía Sostenible, por cuanto vulnera los principios de libre competencia e igualdad de oportunidades con claro perjuicio para las pequeñas y medianas empresas. Valerio ha explicado que “numerosas pequeñas y medianas empresas, que podrían concurrir a la licitación de un servicio concreto, lo tienen absolutamente imposible cuando se fusionan 11 servicios diferentes en un solo contrato”.
Proyecto de parque de Las Torres: el PSOE mantiene que es un jardín privado.
Por otra parte, y a preguntas de los medios de comunicación, el concejal socialista Víctor Cabeza ha insistido en que la parcela donde Román ha anunciado que gastará 240.000 euros de dinero público para hacer un parque es de titularidad privada, porque el único documento existente sobre su propiedad establece que fue adjudicada por el Ministerio de Vivienda a la cooperativa “El Doncel” en 1970 “y no existe ningún documento posterior que acredite ningún tipo de cesión o venta de los propietarios al Ayuntamiento de Guadalajara”.
Respecto a la certificación catastral esgrimida por el equipo de Gobierno para decir que la parcela es municipal, Cabeza ha leído lo que el Catastro dice en sus propias certificaciones: “informamos que este órgano no es competente para resolver sobre conflictos de titularidad”.
“Es decir, el Catastro no puede establecer quién es el propietario de una parcela”, ha subrayado el concejal del PSOE, quien ha informado que el Grupo Socialista ya ha presentado los documentos sobre la propiedad de la parcela al órgano de Contratación y a la Alcaldía “y ahora hay que esperar a lo que digan los servicios municipales de Contratación e Intervención ante la posible adjudicación de esas obras”.