Jiménez: “El Gobierno da un paso más para eliminar la excepcionalidad de la custodia compartida”

Los progenitores tendrán la posibilidad, de común acuerdo o por decisión del juez, de acudir a la mediación familiar para resolver las discrepancias que puedan surgir, “Con esto se pretende favorecer el acuerdo entre los progenitores, fomentar el ejercicio consensuado y reducir la ligitiosidad”, ha declarado la diputada nacional. El objetivo de esta Ley, ha aclarado Jiménez, es conseguir un sistema legal sin la rigidez y preferencias por la custodia monoparental del texto actual. “Será el juez quien, en cada caso concreto, y siempre actuando en beneficio del interés superior del menor, el que determine qué régimen es más adecuado”. Esta norma determinará que el juez sea el encargado de regular los aspectos y el contenido de las relaciones parentales, sin que la custodia compartida implique necesariamente una alternancia de residencia de los hijos con los progenitores en partes iguales. Encarnación Jiménez ha explicado que el Anteproyecto, que reforma fundamentalmente el Código Civil, pero también la Ley de Enjuiciamiento Civil y de Registro Civil, “prevé que el juez pida informe al ministerio fiscal y que estudie las alegaciones de las partes, la opinión y deseo del menor, dictamen de los expertos, así como la concurrencia de todos los criterios relevantes para el bienestar del menor”, ha afirmado Jiménez. “También tendrá en cuenta, a la hora de tomar una decisión, la relación existente entre los progenitores y de estos con sus hijos, la voluntad de cada uno de ellos a la hora de asumir sus deberes y posibilidad de conciliar la vida familiar y laboral”, ha señalado la líder popular. Asimismo, otra novedad que incorpora el derecho de los hijos a mantener relaciones personales con los hermanos, abuelos y otros parientes y allegados. Finalmente, Encarnación Jiménez ha apuntado la importancia de que “por primera vez la Ley contemple no otorgar la guarda y custodia al progenitor que tenga una sentencia firme por violencia de género o doméstica o ante la existencia de una resolución penal por haber indicios fundados de la comisión de dichos delitos”.