Marchamalo incluye 500.000 euros en el sistema de pago a proveedores y reclama a la Junta 700.000 euros

El Ayuntamiento de Marchamalo ha celebrado su sesión plenaria ordinaria del mes de agosto, con un orden del día en el que imperaban los puntos en los que el equipo de gobierno municipal debía informar de los recientes acuerdos tomados en disposición de la aplicación de las últimas normativas aprobadas por los gobiernos nacional y el regional y que afectan de una manera u otra al consistorio.

Uno de los primeros puntos del pleno resultó muy esclarecedor sobre el estado de cuentas actual del consistorio, dando cuenta del informe de la Intervención Municipal respecto del estado de ingresos y gastos en el segundo trimestre de 2013, fecha límite hasta la que llega el último plan de pago a proveedores decretado por el Gobierno de España.

En este informe se reflejan unos derechos de cobro reconocidos hasta el momento al Ayuntamiento de Marchamalo por valor de 3,5 millones de euros de los que ha cobrado poco más de un millón, mientras que el gobierno municipal sólo ha realizado gastos por valor de 2,2 millones de euros, de los que ya ha abonado 1,3 millones de euros. El resultado final al finalizar el segundo trimestre de 2013 son cerca de 900.000 euros pendientes de pago frente a los 2,5 millones de euros pendientes de cobro en concepto de impuestos, aportaciones del Estado y convenios con la Junta de Comunidades.

En este estado actual de las cuentas municipales, se informó del procedimiento seguido por el Ayuntamiento para cumplir con el Real Decreto Ley de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas, por el cual se han enviado al Ministerio de Hacienda y hecho públicas todas las facturas de proveedores de obras, suministros y servicios del consistorio, vencidas y exigibles, con fecha anterior al 31 de mayo de este año.

La relación contempla una deuda pendiente de pago por este concepto que no alcanza el medio millón de euros, abriéndose ahora un plazo de comprobación, reclamación y solicitud de aquellos proveedores que quieran acogerse a este sistema de pago, por el cual cobrarán sus facturas a través de las entidades bancarias asociadas. El Estado restará estas cantidades de la aportación por cobro de impuestos que mensualmente hace al consistorio. En caso contrario, los proveedores cobrarán directamente del Ayuntamiento en los próximos meses, en la medida en la que la liquidez de los ingresos percibidos lo vaya permitiendo.

En relación con este mismo procedimiento de pago habilitado por el Estado, las Comunidades Autónomas están igualmente obligadas a facilitar sus obligaciones de pago, en su caso hasta el 31 de enero de 2013 y extensivo a su vez a los compromisos adquiridos con las Entidades Locales, lo cual es una novedad respecto al mismo procedimiento llevado a cabo en 2012. En el de este año, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha hecho públicas obligaciones con el Ayuntamiento de Marchamalo por valor de 566.876 euros, mientras que la propia certificación de la Junta emitida previamente reconoce compromisos por un total de 692.490 euros, una diferencia cercana a los 130.000 euros que será reclamada por el consistorio en el plazo que marca la ley, hasta septiembre.

CAMBIOS EN LA AYUDA A DOMICILIO

El siguiente asunto del orden del día ha supuesto la modificación de la ordenanza municipal que regula el servicio de la Ayuda a Domicilio de la que se valen algunas personas mayores que viven solas y carecen de recursos suficientes para disponer de unas horas de ayuda doméstica profesional.

Ésta ha tenido que adaptarse a la nueva normativa de la Junta, que impone una tarifa mínima de 20 euros para el usuario, independientemente de su nivel de renta, una reducción de la aportación de la Junta a costear dicho servicio, que ha pasado en dos años de aportar la totalidad a rebajarlo al 74%, fijar la nueva tarifa y aplicar las nuevas normas de concesión de estas ayudas. Esto se suma a la reducción del 40% de las horas subvencionadas concedidas al Ayuntamiento de Marchamalo el año pasado, lo que redunda en una continua pérdida de calidad en la prestación del servicio a la vez que crece el pago de los usuarios.

También salió adelante la propuesta de la Concejalía para la concesión de subvenciones a las asociaciones locales por actividades realizadas o por realizar en 2013, manteniendo los 15.000 euros aportados el año pasado, a repartir entre 14 asociaciones, dos más que en la anterior convocatoria.

MOCIÓN SOLICITANDO TRASPARENCIA A LA MAS

El último acuerdo tomado por el pleno, con los votos favorables de PSOE e IU, fue relativo a la moción presentada por el Grupo Socialista respecto al convenio firmado por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), entidad de la que forma parte el municipio y que se ocupa del servicio de agua potable, por el cual se llevarán a cabo diferentes obras de abastecimiento del Corredor del Henares por valor de 100 millones de euros que abonará en 30 años.

En esta moción, se exige el conocimiento de los informes técnicos y jurídicos pertinentes, si los hubiere, de que la construcción de estas infraestructuras cumplen con los baremos establecidos por la ley para el endeudamiento máximo de las administraciones, así como de la obligatoriedad de ejecutarlas todas unidas en un mismo procedimiento y con un periodo de tiempo tan corto, ya que al Ayuntamiento de Marchamalo y otros consistorios que forman la MAS se les ha negado esta información desde la presidencia de la Mancomunidad.

Las condiciones actuales de este convenio, de llevarse a cabo del modo en el que se ha establecido sin previa consulta a la totalidad de los municipios afectados, se prevé que supondrá un encarecimiento del precio del agua de un 40% a corto plazo, y de cerca del 300% en los próximos años, a medida que la MAS vaya ejecutando el proyecto y repercutiendo su coste en el precio del agua que suministra a cada localidad. Además, de no contar con los informes oportunos, se dará traslado del contenido del convenio firmado por la MAS al Ministerio de Hacienda para que se pronuncie sobre su autorización, dado que la Mancomunidad está adquiriendo obligaciones económicas con terceros que sobrepasan en gran medida sus capacidades económicas reales.